16 de maig 2008

RECLINATORIOS Y DEGRADACION

RECLINATORIOS Y DEGRADACION

Andrés Perelló. Senador(Izquierda Socialista)
El País, 13-05-2008

Si hace unos años me hubieran preguntado qué me preocupaba más de la llegada de la derecha al Consell de la Generalitat habría dicho: el deterioro de los servicios públicos, en primer lugar, y después la regresión en materia de participación ciudadana, el incremento de las desigualdades como consecuencia de lo anterior y de una política económica ultraliberal y egoísta cuyo centro de gravedad se sitúa en el núcleo de poder del PP.

Hoy, habiéndose confirmado con creces mis preocupaciones y temores, mi respuesta ante esa misma pregunta sería distinta. Siendo evidente y grave el deterioro de los servicios públicos que más vertebran la sociedad y la hacen más junta e igualitaria: sanidad, educación y servicios sociales, me parece tanto más grave el nivel de degradación ética, política y moral que la sociedad valenciana ha alcanzado, como sin darse cuenta, por la política del PP y el uso perverso que ha hecho y hace de las mayorías de las que legítimamente goza en tantas instituciones.

Tres elementos están en la base de mi preocupación: la permisividad cómplice con la corrupción, se lleve mediáticamente o no hablar de ella, ha socializado de tal forma las prácticas corruptas, que no solamente la prensa ya le da poca importancia, sino que se vota a los corruptos como una garantía de que si un referente político e institucional es corrupto, por qué no lo va a ser un ciudadano. Si un político se corrompe junto a promotores amigos con recalificaciones urbanísticas, es grave pero no tanto si por mi trozo de huerta me dan un buen cacho, aunque no sea ni sombra de lo que se lleva él... todos ganamos, parecen decir algunos. En Italia sucede algo parecido, ahora está menos mal visto no pagar impuestos, habida cuenta de que el líder del país, Berlusconi, ha declarado que no está mal defraudar a Hacienda ¡Y ha ganado! ¿Hay similitudes con la Comunidad Valenciana?

La ocultación de cuentas y del inmenso y obsceno derroche de fondos públicos que no cesa en el Consell de Camps, ha supuesto que muchos alcaldes imiten el ejemplo y que el desprecio al control del Gobierno en el Parlamento sea ya un clásico que no moviliza ni una columna de diez líneas en la prensa. Si quieres tener cuatro columnas será mejor que pidas que las comisiones parlamentarias sean los martes en vez de los lunes. Eso será toda una noticia que merecerá el reproche ciudadano, como si los lunes el diputado no tuviera trabajo en su circunscripción. A partir de ahí se puede deducir que derrochar y corromperse es menos llamativo que hacer una propuesta de este tipo e incluso más edificante patrimonialmente. ¿Para preocuparse?

El uso pervertido del poder que amenaza al discrepante sea cargo público, funcionario o periodista de Canal 9, es la tercera causa de las que están en la base de la mayor cota de degradación que afecta actualmente a nuestra sociedad. Si un periodista se niega a leer el libelo que le pone delante el mandamás del partido, puesto por Camps en Canal 9, su futuro está en las tinieblas exteriores. La deontología se ha sustituido por el reclinatorio, instrumento muy práctico en la Presidencia de la Generalitat y sus aledaños. Y se pretende sustituir también en la Sindicatura de Greuges. Resulta escandaloso que la Síndic, en justo cumplimiento de las obligaciones que la ley le otorga, "recibir quejas", informe de las que tiene sobre la no aplicación de la ley de la Dependencia en esta Comunidad y haga público que los valencianos más necesitados mueren antes de que su Gobierno aplique una ley que les iguala al resto de españoles, y la respuesta de Cotino sea que "los que se quejan están en contra de la Generalitat", y la del portavoz popular, Ricardo Costa, "que hay que cambiar a la Síndic por ser crítica", o sea, porque no pasa por el reclinatorio del poder, no colabora con la degradación y, por tanto, hace falta alguien en ese puesto que se doblegue y no haga caso de los que se quejan.

Votarles les votan, pero si al final es verdad que hay infierno... a algunos no les van a valer de nada los golpes de pecho, así les salga joroba de tanto pegarse.

Si todo lo anterior se quiere aderezar con los cientos de millones de euros del bolsillo de todos que se gastan en campañas de todo tipo, siempre partidistas o dedicadas a enfrentarnos con otras comunidades o con el Gobierno de España, usando una cuestión como la del Agua para todos, tendremos los ingredientes para una regresión difícil de recuperar en materia de ética política y por tanto de moral social. Todo vale, y el que no lo vea así o discrepe no es un buen valenciano. Son nuestras costumbres, no sé si las que tendrán que practicar también los emigrantes.

Los servicios públicos se recuperan con tiempo y dinero, aunque tenga que ser mucho, pero la degradación de la política y la ética social cuesta una generación o más para recuperarla.

Ejemplos de corrupción, mentiras y manipulación salidos del poder del PP son nuestro pan de cada día, el último el Agua para todos los que tengan tierras donde Danone quiere poner su embotelladora y su balneario, es decir, para todos los adocenados por el PP con dinero público por encabezar la plataforma pro-trasvase. Y mientras, los agricultores creyendo que les defendían. ¡Caraduras!

Es verdad que a todo eso ha de poner coto la izquierda y dar alternativa, y desde luego eso no lo va lograr rompiéndose en mil pedazos por la izquierda del PSOE, o llevando a cabo un debate sobre quién es más joven y esbelto en el seno del socialismo valenciano. Un poco más de rigor, análisis y propuestas nos iría mejor. Pero eso quizá sea materia de otro artículo. No quiero manifestar más preocupaciones. Acabar con la degradación a todos los niveles es nuestro primer reto, y no imitar las políticas de reclinatorio en el interior de los partidos de izquierda, otro no menos importante.

11 de maig 2008

«REVERSISMO» HISTÓRICO

«REVERSISMO» HISTÓRICO

VICENTE SEPULCRE* - DANIEL CARMONA**
Levante-EMV. 11-05-2008

Cierto es que con el paso de los años, la distancia con los hechos sucedidos, en ocasiones ayuda a que la historia pueda revisarse y se realicen de este modo investigaciones que permitan cambiar ciertos aspectos dados por obvios durante mucho tiempo. Así las cosas, hace unos años surgió el denominado revisionismo sobre la Guerra Civil española, una tendencia centrada exclusivamente en la revisión de este episodio histórico, suponemos que en claro paralelismo con lo que Furet había llevado a cabo en Francia respecto a la Revolución Francesa. Sin embargo, el calificativo revisionista resulta inapropiado, porque revisionismo deriva del verbo revisar, infinitivo del que han prescindido los revisionistas desde el punto de vista de la ciencia histórica.

A este revisionismo español más bien debiéramos denominarlo reversismo, palabro de nuevo cuño construido a partir de la palabra revés, puesto que lo que prima fundamentalmente es la intención de darle la vuelta a las cosas. Aunque lo que es cierto, con total y absoluta seguridad, es que se produjo un golpe de Estado militar contra un gobierno totalmente legítimo, elegido por sufragio universal.

No obstante, estas líneas no van dedicadas a la nula entidad científica de estos revisionistas y su obra. No, las auténticas autoridades en materia histórica ya denunciaron en su momento con contundencia la perversión de los hechos históricos perpetrada por los revisionistas. Dado que la intención de éstos no iba encaminada a la creación de ciencia histórica, sino simplemente a realizar una utilización facciosa de la misma mediante la manipulación vil e interesada. Aquí nos interesa contextualizar su aparición, en tanto que fenómeno ideológico, y su repercusión en el plano social.

En efecto, estos escritores revisionistas, con sus libros -tales como Los mitos de la guerra civil, de Pío Moa, o Paracuellos-Katyn: un ensayo sobre el genocidio de la izquierda, de César Vidal-, persiguen la generación de un mito simplón y truculento, repleto de sacerdotes, burgueses y aristócratas mártires, similar a la orgía de cabezas guillotinadas que para muchos fue la Revolución Francesa. Aunque a muchos esto nos escandalice hasta puntos indescriptibles, sin duda tiene gran capacidad de arraigo en ciertos sectores del público, que no disponen de preparación o medios (ni tienen por qué) para reparar en cuestiones tales como la mala documentación y la falsedad de las afirmaciones. Se aprecia así una intencionalidad sumamente clara y expresa de contrarrestar las ansias de una parte de la sociedad española, heredera de los derrotados, quienes tras superar la Transición con miedo y un silencio todavía sorprendente deciden hablar, ahora sin miedo, de lo sucedido en sus familias. A fecha de hoy nos resulta totalmente sorprendente que alguien pueda manipular la historia de un modo tan brutal. Es como si estuviesen asesinando de nuevo a lo que califican como «hordas marxistas» y otra serie de descalificativos que preferimos intentar olvidar.

Estos efectos del revisionismo histórico se han manifestado claramente con la polémica generada a raíz de la puesta en marcha de la polémica Ley de Memoria Histórica por parte del PSOE. Algo más que la derecha rancia de este país ha encontrado refugio espiritual entre estos libros, yendo los más osados un poco más lejos, buscando refugio en La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939), de Vicente Cárcel Ortí, un defensor a ultranza de este revisionismo al que podríamos añadir el calificativo de católico.

Pero ¿cómo puede ser que nos veamos así después de 30 años de democracia? Para responder, quizá haya que mirar un poco hacia atrás, al momento en el que surge este reversismo, perdón, revisionismo. El contexto histórico no constituye una mera contingencia circunstancial. Es el instante del retorno victorioso de la derecha, pero también del momento álgido del descrédito del PSOE, y por ende de la izquierda. Era la ocasión idónea para emprender una acción de reivindicación de la derecha en este país, aprovechando justamente su ascenso social y político. Recordemos que se habían presentado como políticos de centro, excelentes gestores del Estado de Bienestar y reyes Midas de la prosperidad económica. Pero claro, esto no bastaba. La izquierda mantenía la reserva de legitimidad moral democrática y el mérito, no pequeño, de haber transformado e impulsado a este país hacia lo que es hoy día, mientras que en el Partido Popular desmarcarse, aunque sea en el discurso, de la afección al régimen franquista es, en el mejor de los casos, una tarea ardua. Había que ir a la fuente de esa legitimidad, a nuestro big bang, esa guerra en la que los derrotados habían logrado la victoria moral y darle la vuelta a la situación.

En definitiva, se trataba de deslegitimar y, en consecuencia, no se ha reparado en medios a la hora de dar eco a su obra, utilizando todo el aparato mediático de la derecha. Esta operación ha tenido su corolario en la usurpación del discurso y el modus operandi de la izquierda tras la derrota electoral de la derecha en 2004. Con estupefacción hemos tenido ocasión de ver a la derecha, a la seglar y a la eclesiástica, echarse a las calles de forma multitudinaria una y otra vez. Les hemos oído tildar al Gobierno de totalitario y policial, de actuar como fascistas y nazis, de hacer cacicadas, de coartar la libertad, de ir contra la Constitución, de imponer su voluntad y desoír a la ciudadanía.

Hemos contemplado debates a favor y en contra de lo que decía el revisionismo, lo que, sin duda nos lleva a la conclusión de la contaminación histórica que este revisionismo ha aportado a estos debates, en los que la derecha encuentra una justificación a los hechos acaecidos en la década de los 30, olvidándose incluso del relevante papel que ocupa en la crispación de la época el gobierno que desarrollaron los miembros de la CEDA, confederación de los partidos de derechas que llegan al poder del mismo modo que recientemente lo hicieron el señor Zaplana en Benidorm o la señora Aguirre en la Comunidad de Madrid.

Queremos pedir permiso a la derecha y a la Iglesia de este país, puesto que cuando uno mira hacia Europa, se encuentra con otra derecha y otra Iglesia muy diferente, para poder aplicar la Ley de la Memoria Histórica, y que de este modo algunos podamos traer a nuestros pueblos los restos de nuestros familiares que todavía reposan en fosas comunes o esparcidos por las cunetas de algunas de nuestras carreteras. Consideramos que este proceso es necesario, que verdaderamente lo necesitamos, para de este modo poder interiorizar que todo ha terminado y que de algún modo ningún español le debe nada a nadie por lo que nuestros abuelos hicieron o sufrieron, y quedemos todos de una vez a la misma altura, sin vencedores ni vencidos. Y, como dirían los católicos, amén.

*Diplomado en Ciencias Empresariales. Miembro de Izquierda Socialista (PSOE).
**Licenciado en Geografía e Historia. Profesor Universidad Miguel Hernández de Elche.

10 de maig 2008

FALSO DILEMA

Falso dilema

Aplazar la negociación sobre financiación autonómica hasta que mejore la economía violaría la ley, sería injusto y tendría serios riesgos políticos. Cataluña no puede seguir siendo penalizada por ser solidaria

JOSÉ MONTILLA. El País. 10/05/2008

Felipe González publicó el pasado miércoles en EL PAÍS un interesante artículo titulado Crisis y prioridades, donde propone abiertamente un dilema bajo el enunciado de que, para hacer frente a la crisis económica, sería bueno aplazar la negociación sobre el nuevo modelo de financiación, para permitir que el Estado recupere capacidad inversora. Afirma que "inexorablemente, la nueva financiación producirá incrementos de gasto en sectores que lo necesitan de los servicios esenciales transferidos, pero que están desvinculados de los efectos de la desaceleración de la economía y del empleo que necesitamos recuperar". En definitiva, que como "ambos frentes no pueden ser atendidos a la vez de manera razonable, para que sea satisfactorio el resultado es mejor escalonarlos y centrarse en lo fundamental".

Un falso dilema se caracteriza por omitir las alternativas razonables sin argumentar dicha omisión. Y contraponer gasto social e inversión pública no sólo es negar la eficacia de combinar ambos factores como receta política y económica, sino que encierra algunas trampas y niega principios que creíamos consolidados. Como que la mejor inversión económica es la social, o que las comunidades (que son también Estado) son actores políticos con capacidad eficaz de inversión pública en "infraestructuras, vivienda protegida o rehabilitación de centros urbanos", porque muchas de estas competencias les han sido ya transferidas.

Nos enfrentamos a una situación económica que reclamará medidas y actuaciones severas, pero la economía española está más preparada hoy que en el pasado. También es cierto que las tensiones políticas de un proceso negociador como el que debemos afrontar pueden resultar incómodas en este momento; y reconozco que las incomprensiones del debate estatutario catalán han dejado un rescoldo de recelo preventivo hacia todo aquello que proponga Catalunya. Incomprensiones alimentadas de manera miserable por aquellos que siguen pensando que el anticatalanismo es rentable políticamente, ante la pasividad de quienes creen que el coste de hacer frente a la demagogia es demasiado alto.

Hay razones de peso contra el argumento según el cual hay que aplazar la negociación de la financiación autonómica hasta que un nuevo ciclo favorable de la economía mundial, europea y española permita abordarla en mejores condiciones.

La primera razón (sorprende tener que recordar lo obvio), es que el Estatut de Catalunya obliga a todos: a la Administración general del Estado y a la Generalitat de Catalunya. El argumento de que al ser una Ley con varios procesos pendientes de resolución en el TC debe ser considerada parcial o provisional no es admisible democráticamente. Las leyes en vigor son de obligado cumplimiento. Y el Estatut dispone que antes de agosto de 2008 se debe llegar a un acuerdo de financiación bilateral para su aplicación a partir del 2009.

Segunda razón: como ha afirmado José Luis Rodríguez Zapatero, la mayoría de los organismos internacionales, reconocen que el desarrollo económico de España en las dos últimas décadas se explica también por su importante proceso de descentralización. Que ha permitido desarrollarnos como sociedad y como economía moderna y competitiva. Más descentralización es igual a más desarrollo. Las economías más dinámicas son las más federales. Por eso hay que continuar y profundizar en este camino de éxito.

Y la tercera razón es que no podemos aplazar esta negociación porque debemos resolver una situación clamorosamente injusta. Nuestro actual sistema de financiación ya no es útil ni justo para todos. Ni es sano, ni es eficiente. Ya no redistribuye con parámetros actualizados, ni alcanza el equilibrio fiscal, ni promueve la solidaridad real. Hace años que el sistema no es justo con quienes más aportan.

Hay quien cree que esta inaplazable negociación será casi un combate. "Nos veremos las caras", dicen. Creo que es mejor que veamos los números reales, los argumentos y las razones y que, en base a ellas, encontremos un acuerdo razonable y más justo. Es comprensible que algunos pretendan mantener un estatus que les favorece aunque sea injusto con otros. Pero es del todo inaceptable que esta situación perpetúe una injusticia lacerante en la financiación que Catalunya necesita para atender los derechos y necesidades de sus ciudadanos. Ejercer la solidaridad es aportar más, pero no debe implicar recibir menos. Ciertamente pagan los individuos, pero las inversiones y los servicios se producen y se proporcionan en los territorios.

¿Qué sentido tiene defender el superávit del Estado si éste se produce a expensas del déficit de las administraciones autonómicas y locales? Máxime en una situación de desaceleración económica. ¿Qué sentido tiene situar un porcentaje mínimo de gasto público reservado al Estado sin atender las necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas en función de las competencias que tienen encomendadas?

¿Quién teme cumplir una ley orgánica española como el Estatut? ¿Quién teme resolver los problemas de financiación de Catalunya y, a través de ella, abordar un nuevo marco de financiación más justo y equilibrado? ¿No es la justicia social nuestra divisa? ¿Desde cuándo la justicia es un obstáculo para la cohesión territorial?

No podemos pretender que nadie se sienta cómodo siendo solidario si su solidaridad acaba por penalizarle. No es aceptable que la solidaridad que se reclama a Catalunya perjudique los derechos de los catalanes. El riesgo es grande, porque podría acarrear el desafecto con la política española y la certeza de que un sistema considerado injusto debe ser sustituido. Y de ahí a la reivindicación del concierto económico (éste sí, por naturaleza, insolidario) o a la consolidación de fenómenos como la Liga Norte italiana, sólo habría un paso.

Existe todavía otro riesgo: si Catalunya pierde su capacidad competitiva y su capacidad de garantizar la cohesión social, puede quedar atrapada entre una España que no la atiende (ni entiende) y un futuro de progreso al que no podría llegar por falta de recursos, inversiones e infraestructuras. ¿Interesa esta situación a alguien? Por supuesto que a nadie razonable. Y seguro que a nadie que se diga socialista.

Los ejes de la propuesta que defendemos consisten en aumentar nuestra capacidad de suficiencia financiera, nuestra capacidad normativa y nuestra capacidad de gestión tributaria. Y, especialmente, asociar la mayor contribución fiscal de los ciudadanos de Catalunya a la necesaria solidaridad con el resto de las Comunidades Autónomas; pero estableciendo un nuevo mecanismo de nivelación que permita revertir parte de dicha contribución fiscal en el desarrollo de la propia sociedad catalana. Distinguiendo, por una parte, los recursos destinados a financiar los servicios esenciales del Estado del Bienestar que garantizan la igualdad entre todos los españoles (educación, sanidad y servicios sociales) y, por otra parte, el resto. Además, el nuevo sistema deberá tener en cuenta la población como variable básica, rectificada por el cálculo de la inmigración y el diferencial de costes de precios. Quizás sea bueno recordar aquí, por ser ejemplo muy ilustrativo, que Catalunya tiene tantos pobres (según el último informe de Cáritas) como habitantes tiene alguna comunidad autónoma.

Creo que atender nuestros argumentos y demandas es conveniente por razones políticas, institucionales e históricas. No hace falta que insista en el riesgo de desafección si los ciudadanos de Catalunya no sienten que el Estado y, en su conjunto, la política española atiende, comprende y apuesta por hacer frente a las necesidades de Catalunya. La solidaridad no puede acabar perjudicando a quienes más la practican, porque entonces deviene abuso. Ahora es Catalunya la que necesita los recursos. ¿Le vamos a negar lo que hemos reclamado y obtenido para las demás? Ha llegado el momento de hablar claro, de ser sinceros. Sólo desde las razones y los argumentos, sólo así, y no planteando falsos dilemas, podemos construir futuros compartidos. La España democrática, plural y federal debe ser la solución para todos sus pueblos y la mejor garante de los derechos de todos sus ciudadanos. Si España deja de interesar y convenir a todos, no será de todos. Esa es la cuestión y ése es el riesgo. Es tan claro como el agua que nos falta.

No vamos a cansarnos de explicar lo evidente. La decepción por tanta incomprensión anticatalana es una tentación, pero nuestra responsabilidad es convencer de la utilidad, conveniencia y urgencia de resolver la financiación de Catalunya. Nos la jugamos todos. Catalunya puede negociar, sí; pero ya no puede esperar más. Y, sobre todo, no puede aceptar que se le diga que "Ara no toca".