28 de novembre 2009

SOBRE IZQUIERDA SOCIALISTA (IS-PSOE)

1.- Izquierda Socialista es una corriente de opinión interna, con treinta años de vida, reconocida por los Estatutos Federales del PSOE (2008), que en el Artículo 4 dicen:

"Las Corrientes de Opinión se constituirán exclusivamente en el ámbito Federal.
Se considera Corriente de Opinión al conjunto de afiliados y afiliadas que participa de los mismos criterios políticos, dentro del respeto a los Estatutos, Programa y decisiones de los órganos de Gobierno del PSOE, desarrollando su actividad en el seno del Partido.
El Comité Federal autorizará la constitución de nuevas corrientes de opinión a propuesta de la CEF.
La solicitud a la Comisión Ejecutiva Federal deberá ser motivada y estar avalada, al menos, por un 5% de militantes pertenecientes, al menos, a 5 Federaciones Regionales o de Nacionalidad.
Las Corrientes de Opinión han de poner en conocimiento de los órganos ejecutivos de su respectivo ámbito sus actuaciones, y en particular la documentación fruto de su reflexión y trabajo para su conocimiento por la Organización.
Las reuniones deberán realizarse en los locales del Partido. Los afiliados y afiliadas que participan en los trabajos de una corriente de opinión cuidarán que no trascienda al exterior de la Organización expresiones contrarias a las resoluciones de los Congresos y a las de los demás órganos de dirección."

(http://www.psoe.es/ambito/izquierdasocialista/docs/index.do?action=View&id=244948)

2.- Enlaces a la página web de Izquierda Socialista Federal y a IS Federal en facebook:

http://www.psoe.es/ambito/izquierdasocialista/news/index.do
http://www.facebook.com/pages/IZQUIERDA-SOCIALISTA-CORRIENTE-DE-OPINION-INTERNA-DEL-PSOE/146261523926

3.- Parte de la historia de IS-PSOE está en:

http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_Socialista_(PSOE)

4.- Las Conclusiones de las Jornadas Federales de IS-PSOE: para salir de la crisis por la izquierda (octubre 2009), están en:

http://www.psoe.es/ambito/izquierdasocialista/news/index.do?action=View&id=404150

5.- Más información sobre Izquierda Socialista en:

- Albacete: http://ispsoealbacete.blogspot.com/
- Aragón: http://izquierdasocialistaaragon.blogspot.com/
- Castilla-la Mancha: http://izquierdasocialistacm.blogspot.com/
- Euskadi: http://izquierdasocialista.wordpress.com/
- Extremadura: http://izquierdasocialistaextremadura.blogspot.com/
- Granada: http://lamiradadelaizquierda.blogspot.com/
- Guadalajara: http://izquierdasocialistaguadalajara.blogspot.com/
- Jerez de la Frontera: http://izquierdasocialistajerez.wordpress.com/
- Málaga: http://izquierdasocialistamalaga.blogspot.com/
- País Valenciano: http://www.espspv.blogspot.com/
- Sevilla: http://izquierdasocialistaaragon.blogspot.com/
- Valladolid: http://coisva.blogia.com

26 de novembre 2009

LA DIGNIDAD DE CATALUNYA

Este editorial en defensa de Catalunya ha sido redactado conjuntamente por los 12 diarios cuyas cabeceras figuran al pie.

Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, el rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: «Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratifi cado en referendo y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica». Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el alto tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores. La expectación es alta.

La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta Cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación inédita en democracia. Hay, sin embargo, más motivos de preocupación. De los 12 magistrados que componen el tribunal, solo 10 podrán emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido. De los 10 jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el «corazón de la democracia». Un corazón con las válvulas obturadas, ya que solo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal –un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo–, no haremos mayor alusión a las causas del retraso de la sentencia.

Avance o retroceso

La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de símbolos nacionales (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia.

No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de la misma. No solo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador. El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras).

Los pactos obligan

El alto tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años 70 transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado-nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posibles los 30 años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga.

Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que, en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa.

Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos –que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo–, recordando que no existe la justicia absoluta, sino solo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referendo.Solidaridad catalana

Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable.

Publican este texto La Vanguardia, Avui, El Punt, Diari de Girona, Diari de Tarragona, Segre, La Mañana, Regió 7, El 9 Nou, Diari de Sabadell y Diari de Terrassa.

26/11/2009

18 de novembre 2009

EL BALON

Manuel Vicent
El País. 06/09/2009

Mientras en un descampado del arrabal unos chavales dan patadas a una pelota de trapo, en una plaza vecina bajo los árboles bien cuidados un niño rico recién peinado sale con un balón de reglamento bajo el brazo seguido de unos amigos de su clase.

En este caso, siempre se cumple el mismo rito. El dueño del balón decide jugar de portero o de delantero centro, un antojo que nadie discute, y al propio tiempo impone las reglas y se convierte también en árbitro. Los niños del arrabal se acercan a la plaza al oír los gritos y llenos de envidia o de admiración desde la acera contemplan el juego de aquellos privilegiados que juegan al fútbol con un balón de cuero de la mejor marca.

A veces el amo de la pelota se siente generoso y permite que el grupo de desarrapados del arrabal participe en el juego y unos y otros comienzan a darse patadas y todo va bien hasta que llega el momento en que si los invitados meten muchos goles y todo indica que van a ganar, el niño rico detiene el juego, coge el balón y se va a casa con sus amigos.

Desde siempre en la política española la derecha se ha creído dueña del balón de reglamento. El balón es propiamente el Estado. Cuando el Partido Popular, al sentirse perdido, carga con todo desparpajo contra los jueces, fiscales, policías, tribunales, funcionarios y altas instituciones, se comporta como aquel niño rico en los partidos de fútbol de barrio.

Durante la etapa de Felipe González, con el pretexto de la corrupción y de los crímenes del GAL, la derecha no dudó en darle una patada a la caja de Pandora donde se asientan los fundamentos del poder y se guardan los secretos de Estado, sin importarle que se liberaran todas sus serpientes.

Y ahora que se ve atrapado por la corrupción de algunos de sus políticos tampoco se detiene a la hora de desacreditar a las instituciones más sagradas y acusa al gobierno socialista de espionaje, complot, conspiración como lo hizo también tras el atentado de Atocha del 11 de marzo.

La izquierda española deberá saber que sólo será admitida en el juego si conserva intacto el complejo de okupa, se comporta como invitada o a lo sumo como arrendataria y respeta las reglas del amo, puesto que la derecha se siente por naturaleza la dueña de la cancha, del balón y del árbitro.

El País. 06/09/2009

14 de novembre 2009

CRIMENES DEL FRANQUISMO

EL ABOGADO JUAN GARCÉS AFIRMA QUE ESPAÑA ES UNA “EXCEPCIÓN INADMISIBLE” EN LA INVESTIGACIÓN Y CONDENA DE LOS CRÍMENES DE LA REPRESIÓN POLÍTICA

El letrado valenciano, colaborador del fallecido presidente chileno Salvador Allende, presentaba en Palma el libro “Represión política, Justicia y Reparación. La memoria histórica en perspectiva jurídica (1936-2008)”.

“A diferencia de Italia, Portugal, Grecia, Alemania y otros estados que han conocido la dictadura y la represión política, España es el único país de Europa que no ha enumerado, investigado ni mucho menos juzgado los crímenes contra la humanidad que se cometieron dentro de sus propias fronteras”, concretamente durante la represión de la dictadura franquista. Así de tajante se ha mostrado hoy en Palma el abogado valenciano Joan Garcés, que esta tarde presenta en el Colegio de Abogados de Baleares el libro “Represión política, Justicia y Reparación. La memoria histórica en perspectiva jurídica (1936-2008)”, escrito por el historiador David Ginard y la doctora en Derecho Internacional Público, Margalida Capellà.

El letrado, director del equipo de abogados de la acusación en España contra Augusto Pinochet y representante legal de Carmen Negrín, nieta del que fuera presidente del Gobierno de la II República, ha lamentado que “ninguno de los gobiernos de nuestro país haya sido capaz de realizar una condena moral y jurídica firme” de tales crímenes o que haya sido también “el único que no ha exigido ningún tipo de reclamación o reparación de los abusos cometidos, por ejemplo, por las tropas nazis en nuestro país”. Una “excepción inadmisible”, ha dicho y “muy peligrosa”, puesto que la sensación de impunidad que puede derivarse de tal actitud “puede invitar a repetir unos crímenes que no se ven sancionados”, y porque “en el terreno de lo democrático, lo normativo y lo ético no cabe una no sanción”. Por ello, ha dicho, “el problema no se trata del ayer o del ahora, sino del mañana, y ningún país democrático debe permitir que estos crímenes queden impunes”.

En similares términos se ha expresado Margalida Capellà, para quien uno de los objetivos del libro del que es coautora es, precisamente, dar a conocer la existencia en España de “un sistema de represión que afectó a miles de personas” y que “ni jurídica ni políticamente se ha reconocido del modo adecuado”. “Ni antes ni ahora – ha añadido la doctora en Derecho Internacional Público- se ha conseguido hacer justicia a las víctimas”.

“Represión política, Justicia y Reparación. La memoria histórica en perspectiva jurídica (1936-2008)” pretende ofrecer una visión interdisciplinar sobre los procesos de represión política, justicia y reparación conocidos durante el siglo XX por distintos países sometidos a dictaduras.

Lawyerpress.com. 2009

13 de novembre 2009

CORRUPCIÓN EN EL PP

EL CASO GÜRTEL Y LA SERVIDUMBRE VOLUNTARIA VALENCIANA

*ENRIC GIL MUÑOZ

En la aurora de la modernidad, el humanista francés Etienne de la Boétie nos regaló una pequeña gran joya del pensamiento político de todos los tiempos titulada “De la servidumbre voluntaria”. En ella, este pensador intentaba dar respuesta a un enigma a la vez fascinante y terrible: ¿cómo es posible el hecho de la dominación política? ¿Cómo se explica la facilidad con que los seres humanos se doblegan ante la voluntad particular de un líder? ¿Por qué es tan recurrente en la historia la lucha de la humanidad por la esclavitud, en lugar de por la libertad? El hecho es tanto más aberrante si tenemos en cuenta que nada nos destina por naturaleza a ello, ya que si alguna cosa caracteriza a los seres humanos es su capacidad para ser libres.

Entonces, ¿por qué es tan frecuente esa renuncia a la libertad? La Boétie da básicamente tres razones para explicar el fenómeno. En primer lugar, la fuerza de la costumbre: quien se acostumbra a servir al final acaba por no encontrar nada escandaloso en ello, podríamos decir que la subordinación se naturaliza hasta tal punto que se convierte en imperceptible. En segundo lugar, nos encontraríamos con los diversos tipos de manipulación de las mentes, que irían desde los rituales y mitos que tienen como fin dar una imagen sobrenatural del poder hasta las más simples diversiones escapistas. Por último, la Boétie señala la que a su entender es la causa más poderosa de la servidumbre voluntaria: el hecho de que la aparición de un tirano despierta a su alrededor el ansia de dominio de un grupo de tiranos menores que piensan que podrán beneficiarse de servir al tirano mayor; y este grupo de tiranos menores, a su vez, despierta también el ansia de dominio de otros tiranos subalternos que a su vez provocan la aparición de otros tiranos aún más subalternos… En definitiva, que en una sociedad regida por una tiranía las relaciones tiránicas se expanden como un cáncer: todo el mundo aspira a sacar un provecho personal del servicio a sus superiores y de la instrumentalización de sus inferiores. De todo esto podríamos concluir que la responsabilidad de la existencia del despotismo no es exclusivamente del déspota, sino de todos aquellos que deciden voluntariamente servirle.

Posiblemente el ejemplo más terrible del fenómeno de la servidumbre voluntaria lo tengamos en los diversos totalitarismos del siglo XX, en cuyo desarrollo hemos podido observar fácilmente la manifestación de las diversas causas apuntadas por la Boétie. Ahora bien, ¿es la servidumbre voluntaria un fenómeno exclusivo de las tiranías, antiguas o modernas? Desde luego, no hace falta ser un experto politólogo para darse cuenta de que ello no es así. Basta con ser, por ejemplo, un ciudadano valenciano con un mínimo de interés por la cosa pública, como quien escribe estas líneas.

El caso Gürtel lleva recibiendo la atención mediática desde hace bastante iempo, y concretamente en las últimas semanas los medios se han fijado en la ramificación valenciana del asunto. Con un sentimiento que mezcla la indignación y la impotencia, pero no la sorpresa, uno escucha en el noticiario de un canal de televisión estatal la información según la cual, a pesar de la que está cayendo, el PPCV no vería afectada su hegemonía electoral (casi me atrevería a decir que total) en el País Valenciano. ¿No es éste un ejemplo palmario de servidumbre voluntaria surgida en una sociedad que es, al menos formalmente, democrática? ¿Qué le pasa a la sociedad valenciana? ¿Se ha acostumbrado tanto al gobierno del PP que ya lo ha naturalizado, atorgándole además los atributos de la eternidad y la indestructibilidad?

En cuanto a la manipulación de las mentes, ¿tan grande es el poder desinformativo de Canal 9? ¿Es que es tan difícil darse cuenta de que los telediarios de la televisión valenciana son como el NODO de nuestro gobierno autonómico? Y en referencia al abuso de poder de los políticos manifestado en forma de corrupción, ¿tendríamos que pensar que las prácticas corruptas de nuestros dirigentes son tan fácilmente toleradas porque todo el mundo tiene perfectamente asumido que corrupción y política van de la mano? ¿Que no es posible ocuparse de la cosa pública si no es con la condición de sacar provecho personal? ¿Que da igual que manden unos que otros, que todos van a lo mismo, a robar, y que si yo pudiera, haría lo mismo?

Desde luego que, si tuviéramos que responder afirmativamente a las anteriores preguntas, eso significaría que la corrupción ha gangrenado al conjunto de la sociedad valenciana, y no únicamente a sus gobernantes: porque si el PPCV sale políticamente impune de todo este embrollo (como parece que sucederá, si no cambian mucho las cosas) nos encontraremos ante la prueba más contundente de la putrefacción del espíritu cívico en el País Valenciano. En éste se manifiestan hoy las causas que, según la Boétie, originaban el surgimiento de las tiranías: la mera costumbre como legitimadora del poder establecido; la insensibilidad hacia la manipulación informativa e ideológica; y una visión estrecha de la política que la identifica con el arte de aprovecharse al máximo de los demás.

Alguien podría pensar que todo esto son exageraciones, y que no se puede comparar una tiranía real como la que teníamos en la época de Franco con la democracia actual. Puede ser. En todo caso, lo que es evidente es que nos encontramos ante un fenómeno de degradación de la democracia realmente preocupante. Además, teniendo en cuenta también la inoperancia de la oposición, tristemente fragmentada en un conjunto de pequeños partidos incapaces de plantear una verdadera alternativa progresista y unitaria, ¿podríamos descartar a corto o medio plazo un auge de la extrema derecha en un electorado que no ve salida a la izquierda y que se puede encontrar decepcionado ante la derecha institucional?

Tendríamos que meditarlo, y no solamente los valencianos. Porque lo que está pasando actualmente en el País Valenciano no es otra cosa que una manifestación local de unos problemas que se dan, o se pueden dar, también en muchos otros sitios. Como valenciano, tenía ganas de manifestar por escrito estas reflexiones para mostrar que, al menos de momento, no todos los valencianos somos del PP. La expresión de la disidencia es una forma de protesta, y quién sabe si es también el primer paso para cambiar algo.

19 de octubre de 2009. Diagonalweb

*Enric Gil Muñoz es profesor de Filosofía. Prepara su tesis doctoral sobre la relación entre el fenómeno de la masa y los regímenes totalitarios.

02 de novembre 2009

CAMPS DIMISSIÓ

Per la dignitat del País. Prou corrupció! Camps dimissió’.

“Davant el vertiginós deteriorament de la situació política com a conseqüència dels escàndols de corrupció relacionats amb el cas Gürtel, la paràlisi de l’activitat institucional, i la necessitat imperiosa de reorientar el model econòmic valencià enfront d’una crisi d’enorme gravetat, ha arribat el moment de la mobilització.

La revelació continuada d’informacions que involucren destacats polítics en exercici en activitats de presumpta corrupció fa insostenible la prolongació de l’actual legislatura. Els màxims dirigents del Partit Popular valencià, que alhora dirigeixen les institucions més importants, apareixen cada dia en els diaris relacionats amb pràctiques de finançament il•legal del partit, favoritisme en l’adjudicació de contractes públics i comptabilitat fraudulenta. Ens trobem davant d’alguna cosa més que indicis racionals. La situació es fa insostenible. El prestigi col•lectiu de la política i més enllà dels valencians com a poble, davant aquesta ignomínia, està en entredit.

La resposta dels tribunals de Justícia valencians resulta decebedora i projecta una ombra de sospita sobre la independència i la imparcialitat que ha d’animar l’actuació dels jutges. Els tribunals han d’investigar els indicis de delictes des del mateix moment que en tenen coneixement, siga per la via que siga, i no valen excuses formalistes per tal d’amagar la desídia que han demostrat els magistrats del Tribunal Superior de Justícia valencià a l’hora de tramitar l’anomenat cas Gürtel.

Però si l’Administració de Justícia demostra no estar a l’altura de les circumstàncies, la societat civil no pot restar silenciosa. El silenci, en aquest cas, és sinònim d’acceptació de la corrupció política. Per això, ha arribat l’hora que les organitzacions de la societat civil, els sindicats, les entitats culturals i les formacions polítiques posen en marxa una iniciativa coordinada per mobilitzar les valencianes i els valencians en contra de la corrupció política i de la passivitat judicial, i en favor dels principis democràtics. Uns principis que exigeixen replantejar el funcionament d’algunes institucions i reivindicar més transparència, més participació i més vigilància, més crítica i autocrítica de la mateixa democràcia per a fer-la més autèntica i profunda. Cal tallar de soca-rel el cercle viciós de corrupció basat en decisions polítiques, sobretot en el camp de l’urbanisme, que són després recompensades.

Les victòries electorals permeten el partit guanyador aplicar el programa electoral, però mai subvertir les lleis. Ningú pot emparar-se en resultats electorals, i menys encara en enquestes d’opinió, per a justificar violacions de les lleis. Qui vulnera la legalitat, tinga el suport electoral que tinga, ha de respondre davant dels tribunals de Justícia que corresponga. L’administració de justícia valenciana hauria d’actuar enèrgicament. I els ciutadans han de fer sentir la seua veu. Està en joc la credibilitat de la política i dels tribunals, però també la capacitat de la societat civil valenciana de mobilitzar-se per a dir que ja n’hi ha prou.

El president Camps ha de dimitir immediatament i procedir a la convocatòria d’eleccions anticipades a les Corts Valencianes. No pot continuar en el càrrec un dirigent que ha mentit reiteradament, que és sospitós de finançament il•legal, que ha atorgat contractes públics per valor de molts milions d’euros a una trama mafiosa, amb la qual ha mantingut estretes relacions a través d’algun dels seus membres. En comptes de reconèixer els fets i buscar una eixida digna, s’ha limitat a amagar-se, a guanyar temps, a esperar instruccions de Madrid i, finalment, a derivar responsabilitats cap als subordinats, sacrificant un càrrec del partit. Però el clamor general és que les responsabilitats estan molt repartides i comencen per qui ha estat i és encara el màxim dirigent. Els valencians no ens mereixem un president mentider ni un govern sospitós en un moment de crisi econòmica que demana a crits un nou impuls polític capaç de redreçar el nostre teixit productiu.

Ha arribat el moment de dir prou. Valencians i valencianes: acudiu a les mobilitzacions convocades per expressar la nostra protesta i exigir la dimissió de Camps”.

http://valencianspelcanvi.net/

01 de novembre 2009

CONTRA LA CORRUPCIÓ

PROTESTA MASIVA EN VALENCIA

Corrupción hay en todas partes, pero la Comunitat se ha ganado un puesto de honor por culpa del caso Fabra, la trama Gürtel o los pelotazos «made in PAI»

Levante-EMV. 01/11/2009. Paco Cerdá

La imagen de la Comunitat Valenciana como paraíso de sol y playa se ha visto alterada en el panorama mediático español con una potente novedad: es también la tierra del chanchullo, el mangoneo y la corrupción. La emergencia nacional del caso Fabra y especialmente la trama Gürtel coronan un mar de fondo repleto de Orihuelas, Díaz Alperis, Torreviejas, Terra Míticas, oscuras visitas del Papa y claros pelotazos made in PAI. A algunos les tienta la idea de vincular la corrupción valenciana —y la tolerancia que los ciudadanos muestran hacia ella— con la cultura de esta tierra: una sociedad con carácter muelle vertebrada por el meninfotisme, con una herencia fenicia tan peligrosamente arrimada a los negocios cuando se trata de política, y una severidad moral no precisamente sueca o finlandesa.

Para quienes desconfíen de tópicos, el profesor de Ciencia Política Víctor Lapuente, del Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), ofrece respuestas menos metafísicas para detectar el tumor de la corrupción, que en la Comunitat Valencia parece haber acabado en metástasis. Según explica Lapuente en un artículo, «las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una mala cultura o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político».

«En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes pueden haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones», afirma Víctor Lapuente. En cambio, la Generalitat Valenciana ha nombrado a dedo a 29.023 empleados de su actual plantilla, lo que representa el 23,1% del total y supera ligeramente la media nacional. Es decir: casi uno de cada cuatro empleados de la Generalitat ha sido contratado por libre designación, sin ser funcionario ni personal laboral elegido por una oposición o un proceso selectivo en el que los aspirantes compiten en igualdad de condiciones.

«Esto —añade el profesor Lapuente— genera diversos incentivos perversos para la corrupción. Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable». De este modo, aparece un objetivo común para demasiada gente: ganar elecciones a toda costa para mantener cargos, sueldos, prebendas, adjudicaciones y tantas tentaciones susceptibles de corromper.

La tentación

La financiación de los partidos políticos es otro foco que alienta a la corrupción. Lo alerta Fernando Jiménez, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Murciaexperto en corrupción. «Llevamos 30 años con escándalos de financiación de los partidos políticos y todavía no hemos solucionado el problema. Y mientras no se arregle de una forma realista la capacidad de los partidos para financiarse, seguirá flotando una nebulosa en torno a ellos que aprovecharán cuatro sinvergüenzas y cuatro recaudadores», explica Jiménez a este periódico.

En este caso, la Comunitat Valenciana no difiere del resto de España. Pero tal vez sí que se halla una particularidad en la respuesta social que suscita la corrupción. Según Carlos Flores, analista político y profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València, el sistema de partidos políticos valenciano influye en el bajo castigo social que está acompañando, según todas las encuestas, a los sonados casos de corrupción.

«En la Comunitat Valenciana, las alternativas políticas son básicamente dos —recuerda Flores—. Y si el partido que representa a tu ideología se ve implicado en un caso de corrupción, resulta absurdo pensar que sólo por ello vas a cambiar tu ideología. No. El ciudadano lo lamenta, lo critica y se resiente, pero no puede ir más allá porque no hay un recambio ideológico. Mientras que si hubiera varios partidos de una misma tendencia [como en el caso alemán o incluso el catalán], el elector podría cambiar de carril sin tener que cambiar de dirección», explica Flores. Si además la dirección opuesta, en este caso el PSPV de Jorge Alarte, resulta tan poco atractiva como reflejan los sondeos, el castigo electoral a la corrupción se vuelve heroico.

Así pues, una configuración institucional que permite multitud de personal enchufado sin escrúpulos; una financiación de partidos que incita a buscar recursos extra en las cloacas; y una simplificación de opciones políticas que dificulta la crítica y el castigo del electorado. Este triángulo acotaría el pecado original de la corrupción.

En busca de soluciones

El diagnóstico de la enfermedad es sin duda interesante. Pero la clave reside en encontrar el remedio. ¿Cómo extirpar el tumor? Los profesores Flores y Jiménez coinciden en la necesidad de mejorar el sistema de financiación de los partidos y aumentar los controles judiciales y administrativos. Víctor Lapuente propone una solución complementaria. «Se trata de buscar mecanismos institucionales para que se seleccionen empleados públicos cuya continuidad en el cargo dependa de su competencia o mérito y no de su lealtad política», dice. No hace falta que todos sean funcionarios con una plaza en propiedad. De hecho, los dos países menos corruptos del mundo en 2008, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años el estatus funcionarial para la mayoría de sus empleados públicos, que se rigen como cualquier trabajador del sector privado.

A nadie escapa que existen dos grandes obstáculos para materializar esta despolitización de las instituciones: los sindicatos de funcionarios, tan celosos de sus privilegios, y los propios partidos, acostumbrados al poder de enchufar. Se necesitaría, pues, alguien que movilizara esos intereses. Los empresarios o la sociedad civil podrían encabezar este proceso para destruir las redes clientelares, germen de la corrupción según Lapuente. Pero una revolución de este calibre se antoja difícil en la patria del meninfotisme.

VALENCIA SE ECHA A LA CALLE CONTRA CAMPS

Unas 20.000 personas dicen «no a la corrupción», exigen la dimisión del presidente valenciano y piden una urgente «renovación de la democracia»

Toni García de Dios. Publico. 01-11-2009


Una peculiar procesión recorrió ayer las calles de Valencia. Miles de personas recorrieron el centro de la ciudad con cirios para escenificar el "entierro de la democracia" por la actitud del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, frente al caso Gürtel. En las primeras filas se pudo ver un ataúd, acompañado de dos cabezudos y una bandera a modo de cruz en la que se leía "Por las víctimas de la corrupción".

La manifestación arrancó con el grupo de tabal i dolçaina Estrella Roja de Benimaclet que interpretó la marcha Processó compuesta por Enric Gironés, seguido de la pancarta principal con el lema "No a la corrupción, Camps dimisión".

A continuación, diversos colectivos de la ciudad y de todo el País Valenciano, grupos políticos como El Bloc, Iniciativa y Esquerra Unida, portando su propia pancarta y miembros del PSOE valenciano que acudieron a título personal como el eurodiputado Andrés Perello o concejales de la corporación local, entre ellos, la portavoz en el ayuntamiento, Carmen Alborch, y el nuevo secretario del partido en la ciudad, Salva Brosetta.

Perelló apostó porque la sociedad sea quien acabe con la corrupción y "solucione la situación, si no seremos una sociedad enferma". Por su parte, Carmen Alborch emplazó a Camps a "escuchar la voz de la ciudadanía", y señaló que en el PP "no hay liderazgo, no lo tiene Mariano Rajoy, pero tampoco lo tiene Camps".

Durante el recorrido de la manifestación, de algo más de un kilómetro, el lema más coreado fue el que le pedía a Camps la dimisión. Además, hubo una importante participación de músicos que animaron la marcha e hicieron que la gente desde las aceras animase el recorrido.
Aunque hubo el habitual baile de cifras 2.200 personas para la policía local y 50.000 para la organización una vez que la cabecera había llegado hasta el final seguía saliendo gente desde la plaza de San Agustín. El número estimado de asistentes se acercaría así más a los 20.000, lo que la convierte en una de las concentraciones más numerosas que se recuerdan en la ciudad.
Recuperar la dignidad

La convocatoria había partido del Colectivo contra la Corrupción, que inició una campaña a través de la red social Face-book a la que se anotaron cerca de 13.000 personas. A la llegada de la manifestación a la plaza de la Virgen, varios grupos de batukada esperaban a los asistentes escenificando una auténtica fiesta "para buscar un futuro mejor y recuperar la dignidad del pueblo valenciano", según leyeron en un manifiesto los organizadores del acto. El Colectivo denunció que Camps "ha mentido públicamente, además de humillar a los valencianos con su continua negación y sus sonrisas".

Finalmente, reclamaron "con urgencia un cambio y una renovación de la democracia", porque la política es una dedicación digna que un grupo de políticos no tiene derecho a ensuciar". En ese momento, varias personas escenificaron la llegada de los implicados en la trama Gürtel a la boda de la hija de José María Aznar. La cabecera de la manifestación rodeó la plaza de Manises donde se ubica la sede de la Generalitat, y donde se dio por finalizada.