José Antonio Pérez Tapias
Las noticias han traspasado las tinieblas de la desinformación. A pesar de las expulsiones de periodistas, el mundo conoce la violencia, destrucción y muerte desatadas por la policía marroquí sobre el campamento en las proximidades de El Aaiún donde miles de activistas saharauis reivindicaban sus derechos. Tales actuaciones han evidenciado por dónde lleva el reino alauita la cuestión del Sáhara. Ellas se inscriben en la secuencia de medidas que desde hace décadas vienen aplicándose con la impunidad que a tal efecto goza nuestro vecino del norte de África.
De impunidad se trata cuando se ocupa un territorio sin la suficiente legitimidad, cuando se desprecian resoluciones de la ONU a favor de la población autóctona, cuando se construye un muro de 2700 km minando sus alrededores, cuando se colonizan ciudades alterando los censos para el referendum de autodeterminación conforme al derecho internacional, cuando se firma la paz con la resistencia armada de ese pueblo –Frente Polisario- y no se cumple lo acordado, cuando se ofrece un plan de autonomía dentro del propio Estado sin avances democráticos que lo hagan creíble, y cuando se quebrantan derechos de quienes aspiran a ser ciudadanos, sucediendo todo ello sin que comporte condena o sanción alguna.
La cosa arranca de 1975, con la Marcha Verde que movilizó a 300.000 personas desde la cúpula del Estado marroquí para anexionarse el Sáhara Occidental, chantajeando a una débil metrópoli colonial en momentos cruciales de una dictadura tan moribunda como su dictador. Pero contaba con las bendiciones de EEUU y no faltaron padrinos como Francia. Sumida en la impotencia ante el estado de cosas resultante, España no ha dejado atrás la mala conciencia respecto a tan nefasto proceso de descolonización, la cual, aunque encauzada a través del humanitarismo, no la ha impulsado a un papel más definido a favor de una salida al conflicto del Sáhara.
Ahora, ante lo ocurrido en El Aaiún, nuestro gobierno se remite al Consejo de Seguridad de la ONU, solicita más información a Marruecos -¿qué hacer con su cinismo al decir que se desmantela el mencionado campamento para librar a los saharauis de delincuentes?- e intenta salvar, por mor de los intereses españoles, las relaciones de vecindad. La opinión pública percibe que no es suficiente. Y, además, ¿sacrificando derechos? Ni siquiera esos intereses se verán protegidos en una situación en la que se conculquen los derechos de los saharauis –y se vean desmentidas las expectativas democráticas para Marruecos-. ¿Hasta cuándo un statu quo en que lo necesario –diálogo, respeto a derechos humanos, referendum de autodeterminación- es imposible? Ésa es la tragedia del pueblo saharaui. De ella somos responsables, aun no siendo culpables de todo lo que la ha alimentado.
(Publicado en el diario Granada Hoy el 18 de noviembre de 2010)
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