29 d’abril 2010

COORDINADORA FEDERAL DE IS-PSOE

Madrid, 10 de abril de 2010. Sede del PSOE.
INFORME Y ACUERDOS DE LA REUNION

A la reunión de la Coordinadora de la corriente de opinión del PSOE “Izquierda Socialista”, celebrada el pasado 10 de abril en la sede del Partido (c/ Ferraz, 70), asistieron los coordinadores de las federaciones de Galicia, Asturias, Euskadi, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, País Valenciano, Murcia, Andalucía, Extremadura, Castilla La-Mancha, Madrid, Castilla-León y Canarias. Excusaron su presencia Cantabria y Baleares. Participaron también representantes de las compañeras y compañeros que recientemente han constituido la corriente en la Agrupación Socialista de Bruselas.

Además de la información aportada por cada representante de las compañeras y compañeros de Izquierda Socialista sobre la situación de la corriente en sus respectivas federaciones, las cuestiones abordadas en la reunión se agruparon en los siguientes bloques: análisis político, propuestas de acción, indicaciones para un mejor funcionamiento de la corriente y acuerdos.

1. Análisis político

Lógicamente, las intervenciones sobre análisis político se enmarcaron todas en el contexto de crisis económica, con sus repercusiones sociales –especialmente el paro-, en que nos hallamos. Si por una parte se puede hacer una valoración positiva de las medidas anticresis puestas en marcha por nuestro gobierno, por otra hay que constatar que el endurecimiento de la misma crisis, con sus efectos retardados en España, por ejemplo sobre las cajas de ahorro, y sobre todo con incrementos del desempleo que no cesan. El paro juvenil es una situación sangrante.

La situación sufrida por Grecia, de grave déficit que obliga a fuerte endeudamiento, es peligro para la UE, que al final, aun con las resistencias de Alemania, ha acudido a su rescate, lo cual en definitiva es reforzamiento imprescindible del euro ante los ataques especulativos padecidos.

En medio de todo ello, la presidencia de turno de la UE realizada por España está siendo un tanto decepcionante, tanto por las nuevas pautas a las que obliga el Tratado de Lisboa ya en vigor, como por los efectos de una crisis que, afectando a nuestro país seriamente recortan sus posibilidades de incidencia y liderazgo en la política europea. Sí se puede comprobar que las instituciones europeas han sido diseñadas más con criterios neoliberales que desde principios de políticas sociales efectivas. Esa apreciación es un acicate más para avanzar en la necesidad de clarificar más el modelo económico, y no sólo el modelo productivo o patrón de crecimiento, al que aspiramos los socialistas.

La anterior hegemonía del neoliberalismo, cuando ya el Estado ha salido a socorrer a la banca tras los estragos del capitalismo financiero en un mercado que quedó muy desregulado, se intenta recuperar por parte de la derecha, que ahora vuelve al ataque contra el Estado y al desprestigio de lo público. Temas que se pusieron sobre la mesa no acaban de arrancar o se quedan en una mínima expresión, como es el caso de la erradicación de los paraísos fiscales o la tasa Tobin. Se agolpan las incertidumbres acerca de si seguir o no con los estímulos fiscales y aparecen cuestiones, como la renta básica de ciudadanía, ante las cuales el Partido no acaba de tener una posición definida. No se oculta que tal indefinición es la que percibe la ciudadanía en muchos casos ante las actuaciones de nuestro gobierno, como es el caso de todo lo que tiene que ver con la política fiscal. Igualmente, se critica la economía sumergida, pero las medidas contra ella son muy tímidas. Se constata que la economía sumergida hace de sedante social de una crisis de graves efectos en cuanto a destrucción de empleo.

En cuanto a las respuestas a la crisis, ante el déficit público ya acumulado hay que tener buen cuidado para ver qué medidas se van proponiendo para hacer frente al mismo. En este terreno es especialmente delicado todo lo que tiene que ver con las pensiones, o más exactamente con el sistema público de pensiones. No compartimos, como nuestros coordinadores federales han manifestado al sumarse a las manifestaciones convocadas por UGT y CCOO, la idea de que para salvar el sistema público haya que extender de manera generalizada la edad de jubilación hasta los 67 años. En ese debate hay que tener en cuenta otras variables que no se han contemplado lo suficiente, como V. Navarro pone de relieve reiteradamente.

En las medidas para salir de la crisis también hay que estar atentos a las propuestas que circulan en torno a la reforma laboral, para que en verdad no supongan un recorte de derechos de los trabajadores, algo con lo que se ha comprometido fuertemente el presidente Zapatero y en lo que tiene nuestro firme apoyo.

Precisamente en estos momentos habría que tratar de enfocar de la mejor manera posible la Estrategia de Economía Sostenible propugnada por el gobierno, y en su marco la futura Ley de Economía Sostenible. Eso requiere que la sostenibilidad no se convierta en una etiqueta vacía de contenido, sino que sea algo que se tome en serio. No basta hablar de desarrollo sostenible para que en verdad se dé; es más, en muchos caso, hablar de desarrollo sostenible se convierte en una fórmula que sirve para encubrir lo que no es sostenible. Contra eso hay que luchar.
Avanzar hacia una sostenibilidad real requiere pactos sociales y políticos efectivos, de los cuales estamos lejos, como ejemplifica un prometido pero distante pacto sobre la energía. No cabe eludir que ni siquiera hay acuerdo en el seno del Partido y entre los gobiernos en que estamos acerca del llamado “cementerio nuclear”, lo que hace patente la falta de claridad en cuanto a nuestro futuro energético.

Hablando de pactos, y también en relación con la estrategia de economía sostenible, hay que subrayar las dificultades por las que pasa el ansiado pacto educativo, a la vez que hay que insistir en la advertencia de que no nos vale un pacto por la educación que suponga claudicaciones importantes en lo que hemos venido defendiendo en ese terreno, plasmado por otra parte en leyes ya vigentes (LOE, Ley de Educación de Andalucía, Ley de Educación de Cataluña, por citar algunas). Y hablando de educación es insoslayable evaluar qué está ocurriendo con la implantación del Proceso de Bolonia en nuestras Universidades, cuando eso puede verse seriamente afectado por falta de una financiación suficiente, aparte de otros problemas académicos. Es necesario estar vigilantes para que la implantación del llamado Plan de Bolonia (EEES) no comporte privatización de las universidades de uno u otro modo.

En otro orden de cosas, tenemos delante cuestiones cruciales no resueltas: las que tienen que ver con el Estatut, pendiente de lo que venga como resolución del TC, y lo que afecta a la conocida como Ley de memoria histórica, cuestionada a través del procesamiento del juez Garzón. Estas cuestiones son indicios de además de estar en juego cómo va a ser la salida de la crisis económica, está también en el alero cómo se plantea una salida política la crisis, lo cual tiene que ver con qué tipo de democracia estamos construyendo en España y qué construcción de Europa estamos alentando. ¿Hacia dónde orientamos nuestra acción para contribuir a que esas salidas se den efectivamente por la izquierda?

2. Propuestas de acción

- Promover medidas legislativas ante todo lo que está sucediendo con la imputación del juez Garzón ante el Tribunal Supremo. Habrá que pensar que posición tomamos respecto a la Ley de Amnistía de 1977. Aparte de ello, se puede avanzar en algunos puntos: subsanación de las zonas de indefinición y ambigüedades que encierra la Lay de memoria histórica, propuestas para no retroceder en lo relativo a la llamada “justicia universal”, sobre todo ante los delitos de lesa humanidad.
- Prever qué hacer ante una posibilidad u otra de resolución del TC sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es necesario clarificar el recorrido futuro de la política del PSOE ante ello, y considerar qué va a proponer el PSC, para no detener la construcción paulatina de una España federal.
- Plantear un adecuado tratamiento del voto de los ciudadanos españoles emigrantes para que no vean conculcados sus derechos como tales.
- Seguir promoviendo el debate ideológico en el seno del Partido para reforzar sus políticas de izquierda.
- Recuperar la defensa de la “Europa social” como seña de identidad de nuestra posición política. Recomponer las alianzas europeas de lo que fue el planteamiento de la “República Social” que aglutinó las corrientes de izquierdas de los partidos socialistas y socialdemócratas europeos.

3. Indicaciones para el funcionamiento de Izquierda Socialista

- Clarificar más nuestra estructura de funcionamiento como corriente en el seno del Partido
- Organizar distintas Comisiones de trabajo, especialmente una Comisión de Comunicación.
- Tratar con las Secretarías de Organización de las diferentes Agrupaciones alguna forma de financiación de las actividades de la corriente.

4. Acuerdos

- Resolución de apoyo al juez Garzón, con especial referencia al manifiesto de UGT y CCOO, que se hará pública a través de la red (enlace en web del PSOE) y en los medios de comunicación.
- Solicitud de entrevista con el Secretario General del PSOE
- Solicitud de algún espacio en El Socialista
- Reunión de la Coordinadora Federal de IS en julio.

5.- Resolución sobre el Juez Baltasar Garzón

La Coordinadora Federal de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE, reunida en Madrid el día 10 de abril de 2010, ante el inminente procesamiento del juez Baltasar Garzón por haber iniciado mediante el Sumario 53/2008 E, la investigación judicial de los crímenes del franquismo, ACUERDA:

1º.- Manifestar su solidaridad con el juez Garzón por su tenaz e infatigable labor desarrollada desde la Audiencia Nacional para combatir judicialmente las lacras del terrorismo y la corrupción política, así como por su defensa permanente de los derechos humanos, especialmente en el caso de las víctimas de la dictadura franquista.

2º.- Señalar que su procesamiento, a instancia de querellas presentadas por grupos de ultraderecha respaldadas por sectores conservadores de la judicatura, supone una deshonra para la Justicia española y un gravísimo descrédito para su imagen en tanto que cuestiona el principio de independencia judicial.

3º.- Considerar inaceptable la ofensiva contra un juez íntegro y comprometido cual es Garzón. Estos ataques pretenden ejemplarizar el castigo a aquellos magistrados que en justicia intenten investigar los crímenes franquistas

4º.- Sostener la Declaración conjunta de UGT - CC.OO. en solidaridad con el juez Garzón emitida el pasado 26 de marzo de 2010 y nos sumamos al acto de apoyo que tendrá lugar el martes 13 de abril, a las 11.30 horas, en el Anfiteatro Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

5º.- Denunciar la peligrosa “deriva judicial” que este proceso supone y respaldamos la actuación de Garzón en el Sumario 53/2008 E sobre los crímenes franquistas así como su coraje en defensa de las víctimas del fascismo, actuación jurídica apoyada en los principios de justicia universal y de la legislación y jurisprudencia en materia de derecho penal internacional.

6º.- Instar al Ministerio Fiscal a investigar los crímenes del franquismo, los cuales, con arreglo a la legislación penal internacional son imprescriptibles y tampoco pueden ser amnistiados, razón por la cual la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977 no puede ser el pretexto para amparar la impunidad de los victimarios ni convertirse en una “ley de punto final”.

7º.- Precisar que ha llegado el momento de aplicar en España con todas sus consecuencias los principios de justicia universal y la legislación penal internacional en materia de derechos humanos y crímenes contra la humanidad ratificados por el Estado Español en 1985. Solo de esta manera se evitará la actual situación de impunidad de los crímenes cometidos y de desamparo de las víctimas, al mismo tiempo que se establecerá la reparación moral y jurídica que estas merecen.

Madrid, 10 de abril de 2010
Coordinadora Federal de Izquierda Socialista-PSOE

26 d’abril 2010

SOBRE LA CRISI

"A tot açò, ni una sola paraula dels especuladors i de les pràctiques financeres que han fet fallir el sistema financer internacional fins al punt que ha segut necessari enterrar ingents quantitats de recursos per salvar el sistema "

Vicent Gisbert


Durant la bonança econòmica van ser moltes les badomies que, en matèria de política econòmica, haguérem d'escoltar amb esperit estoic. Si agafarem l´hemeroteca la llista seria inacabable. Simplement, i per recordar una de les més inconscients, per dir quelcom, va ser aquella que ací, al nostre País Valencià tan apegat a la «cultura de l´agricultura», una de les ments més preclares de la dreta (abans de l´esquerra i més abans de l´extrema esquerra) va dir que un camp de golf era més rentable que el cultiu de tarongers. Malgrat, passem pàgina, doncs no resoldre´m res calfant-nos, però no deuríem oblidar que aquells que amb les seues receptes politiques foren l'origen i la causa de l'actual crisi, es a dir, el malnomenats neoliberals, doncs ni eren neos ni menys lliberals, són els que ara s'ofereixen com solució.

En aquest sentit, des de que comença la crisi, també, s´han sentit raonaments malintencionats que no tenen més objectiu que sembrar la confusió i practicar la manipulació més burda. Així, a sovint, sentim que la solució està en canviar de model de producció, com si fora tan senzill com que Zapatero (i sols ell!) convocara el Consell de Ministres i per Reial Decret aprovaren el canvi de model econòmic com qui canvia de jaqueta. El més greu d´aquesta asseveració és que xoca amb l´antic criteri de prudència de «en temps de crisi no faces mudances».

Altre tema repetit (aquestos doctrinaris altra virtut no tindran però de constància i persistència van sobrats) és que el gran problema de l'actual crisi, i per un raonament de contraris, si el resolem es resoldrà la crisi, és la necessitat de fer la reforma laboral. Però, front aquells que amaguen les verdaderes intencions que s´encobreixen darrere d´aquesta asseveració, sempre hi ha algú que parla clar. Així, l´OCDE ho ha dit, «els treballadors espanyols deuran abaixar-se el salari», és a dir, la crisi (com sempre) l´han de pagar els treballadors quan ni ells han segut la causa, ni foren, tampoc, els grans beneficiaris de la bonança.

A tot açò, ni una sola paraula dels especuladors i de les pràctiques financeres que han fet fallir el sistema financer internacional fins al punt que ha segut necessari enterrar ingents quantitats de recursos per salvar el sistema. No diré que, com en la Revolució Francesa, s´aplique la guillotina als especuladors, però sí que deuríem ser conscients que, com va dir Bakunin, «de todos los despotismos el de los doctrinarios ... es el peor ... son tan celosos de la gloria de su Dios y del triunfo de su idea, que no les queda corazón para ni para la libertad, ni para la dignidad, ni aún para los sufrimientos de los hombres vivientes, de los hombres reales». I, en la actualitat, el nou despotisme és el dels doctrinaris del deu mercat.

Però, que no ens entabanen, hui la verdadera i única prioritat ni és canviar de model productiu —dir açò no es dir res— ni fer cap reforma laboral sinó, que tots aquells amb responsabilitat de govern i en capacitat de moure recursos, deuen desenrotllar polítiques de lluita contra l´atur. Si cal aplanar muntanyes, aplanem-les, que ja hi haurà temps per alçar-les!. Els altres discursos esmentats, fets des de les «eternes» posicions de domini, simplement desitgen mantenir-les i seguir especulant amb el destí dels treballadors.

http://www.levante-emv.com/opinion/2010/04/26/crisi/699573.html

25 d’abril 2010

La cultura es sospechosa para el PP de Valencia

Resumen de la intervención del concejal Juan Soto en la Conferencia Política del PSPV-PSOE de VALENCIA CIUDAD.


El clima cultural de una ciudad no es ajeno a la impronta política que se propaga desde el gobierno municipal. A un gobierno municipal autoritario, que considera la cultura como un peligro en manos de ciudadanos conscientes y libres, la libertad y la creatividad le resulta insoportable.

Lejos de activar , canalizar y fomentar las inquietudes culturales de la ciudadanía , el gobierno de Barberá, criminaliza , persigue toda manifestación cultural ciudadana, no solo no fomenta sino que directamente reprime y ahoga. Los artistas en la calle son multados sistemáticamente, para vergüenza de una sociedad cosmopolita y abierta, las manifestaciones de arte de vanguardia son sofocadas, grafiteros urbanos…, las salas de teatro se ven obligadas a cerrar por razones ordenancistas expulsando de la ciudad, una parte fundamental de la cultura como las artes escénicas. Las bandas de música sufren recortes, incumplimiento y desinterés sistemático de nuestras autoridades municipales.

En la política de bibliotecas solo importa la cantidad y no la calidad del servicio prestado y de sus fondos editoriales. Los museos municipales sufren el abandono y la falta de seguridad. Una lista interminable de hechos que acreditan el desprecio por la cultura para el PP valenciano.

Para el gobierno de Barbera la cultura se concibe como una actividad molesta y peligrosa, que debe tener en el mejor de los casos contenidos banales, mediocres, neutros, cuando no se convierte directamente en pura propaganda de la mano de la cultura espectáculo. No es casual, en este contexto, la liquidación de la Mostra de Cine como festival del mediterráneo, para convertirlo en un festival parásito del cine más comercial, sin ninguna identidad.

Los ejes de la política cultural de nuestra ciudad, se han ido diluyendo en el mar de lo aséptico y lo comercial. Los ciudadanos sólo son en el mejor de los casos consumidores de cultura pero en ningún caso se les reconoce el papel de creadores de cultura.

El gravísimo déficit de infraestructuras culturales es otros de sus síntomas. Cuando el PP se decide a construir un contenedor cultural como el de la Rambleta en San Marcelino, dimite de su responsabilidad cultural pública para entregar a una empresa privada, durante 20 años, una parcela municipal financiando al mismo tiempo la construcción del edificio con un generoso canon pagado con los impuestos de todos los valencianos.

Una ciudad no se define solo por lo que crea, sino también por lo que decide conservar, y en este ámbito el fracaso es clamoroso, sacrificando la protección y defensa del patrimonio como el Cabanyal, la cárcel modelo , tabacalera o la huerta a intereses especulativos.

Juan Soto.
Valencia, 24 de abril de 2010.

11 d’abril 2010

IZQUIERDA SOCIALISTA CON GARZON

IZQUIERDA SOCIALISTA - PSOE SE SOLIDARIZA CON EL JUEZ GARZÓN

La Coordinadora Federal de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE, reunida en Madrid el día 10 de abril de 2010, ante el inminente procesamiento del juez Baltasar Garzón por haber iniciado mediante el Sumario 53/2008 E, la investigación judicial de los crímenes del franquismo, ACUERDA:

1º.- Manifestar su solidaridad con el juez Garzón por su tenaz e infatigable labor desarrollada desde la Audiencia Nacional para combatir judicialmente las lacras del terrorismo y la corrupción política, así como por su defensa permanente de los derechos humanos, especialmente en el caso de las víctimas de la dictadura franquista.
2º.- Señalar que su procesamiento, a instancia de querellas presentadas por grupos de ultraderecha respaldadas por sectores conservadores de la judicatura, supone una deshonra para la Justicia española y un gravísimo descrédito para su imagen en tanto que cuestiona el principio de independencia judicial.
3º.- Considerar inaceptable la ofensiva contra un juez íntegro y comprometido cual es Garzón. Estos ataques pretenden ejemplarizar el castigo a aquellos magistrados que en justicia intenten investigar los crímenes franquistas
4º.- Sostener la Declaración conjunta de UGT - CC.OO. en solidaridad con el juez Garzón emitida el pasado 26 de marzo de 2010 y nos sumamos al acto de apoyo que tendrá lugar el martes 13 de abril, a las 11.30 horas, en el Anfiteatro Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
5º.- Denunciar la peligrosa “deriva judicial” que este proceso supone y respaldamos la actuación de Garzón en el Sumario 53/2008 E sobre los crímenes franquistas así como su coraje en defensa de las víctimas del fascismo, actuación jurídica apoyada en los principios de justicia universal y de la legislación y jurisprudencia en materia de derecho penal internacional.
6º.- Instar al Ministerio Fiscal a investigar los crímenes del franquismo, los cuales, con arreglo a la legislación penal internacional son imprescriptibles y tampoco pueden ser amnistiados, razón por la cual la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977 no puede ser el pretexto para amparar la impunidad de los victimarios ni convertirse en una “ley de punto final”.
7º.- Precisar que ha llegado el momento de aplicar en España con todas sus consecuencias los principios de justicia universal y la legislación penal internacional en materia de derechos humanos y crímenes contra la humanidad ratificados por el Estado Español en 1985. Solo de esta manera se evitará la actual situación de impunidad de los crímenes cometidos y de desamparo de las víctimas, al mismo tiempo que se establecerá la reparación moral y jurídica que estas merecen.

Madrid, 10 de abril de 2010
Coordinadora Federal de Izquierda Socialista-PSOE

08 d’abril 2010

SOBRE ELS FETS DEL CABANYAL

LA PLATAFORMA I ELS VEÏNS DEL CABANYAL SOM OBJECTE DE VIOLÈNCIA PER PART DE L’AJUNTAMENT I DE LA DELEGACIÓ DE GOVERN
08 abril 2010

La Plataforma Salvem el Cabanyal es un movimiento ciudadano para la defensa del patrimonio de todos, por medios legales, y que condena con firmeza la violencia.

Denunciamos que una vez mas hemos sido victimas de la dictadura del Partido Popular de Valencia, que intenta justificar los derribos en nuestro barrio, cuando estamos pendientes de un proceso judicial que, en poco tiempo, podría resolverse.

La Plataforma Salvem el Cabanyal esta desconcertada e indignada, tras 12 años de recursos judiciales y tras la sentencia del Tribunal Supremo y la Orden Ministerial, que suspende la ejecución del PEPRI, por expolio.

Está semana hemos tenido que ver como la policía local, a las ordenes del ayuntamiento y personalmente por el Concejal Domínguez, destruyen aceleradamente nuestro patrimonio, y como la policía nacional a las ordenes de la Delegación de Gobierno nos agrede con brutalidad inusitada.

Nos sentimos abandonados por la Delegación y Sub Delegación del Gobierno de España que solo han defendido las actitudes dictatoriales del PP al mandar los antidisturbios a proteger la innecesaria decisión de los dictadores en lugar de proteger a los ciudadanos.

Lo que diferencia a una policía en un régimen democrático, a una policía en un régimen dictatorial, es la consideración que la policía tiene de la ciudadanía, de su integridad física y de sus derechos fundamentales. La policía nacional y municipal, hoy se han comportado como una policía dictatorial como se puede ver en todos los vídeos publicados por los medios de comunicación.

Estas son las razones por las que pedimos responsabilidades en la Delegación de Gobierno y del Ayuntamiento, por no saber administrar los recursos policiales de seguridad ciudadana que hemos puesto todos en sus manos. Por estas razones el Delegado del Gobierno y el Subdelegado deberían presentar inmediatamente su dimisión.

Por su parte el Partido Popular como partido antidemocrático, que lo es, no debería tener en sus manos la administración de los intereses generales.

El Partido Popular utiliza el poder que el sistema democrático pone en sus manos para satisfacer sus intereses particulares y sus compromisos con los grupos económicos que les financian ilegalmente para ayudarlos a perpetuarse en el poder.

Plataforma Salvem el Cabanyal

07 d’abril 2010

SOBRE LA ESTATUA DE FRANCO

VICENT GARCÉS: ´SI POR MI FUERA, LA ESTATUA DEL DICTADOR LA FUNDIRÍA

EL EX CONCEJAL DE CULTURA CREE QUE EL TRASLADO A BÉTERA NO RESUELVE DEFINITIVAMENTE LA CUESTIÓN

JOSÉ PARRILLA. VALENCIA. Levante-EMV. 06-04-2010

"Si por mi fuera, la estatua desaparecería o la fundiría". Con esta contundencia se pronunció ayer Vicent Garcés, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia en el año 1983, cuando la estatua ecuestre de Franco salió de la entonces llamada Plaza del País Valencià para ocupar uno de los patios interiores de la Capitanía General. A su juicio, el segundo traslado que previsiblemente se producirá hoy desde este emplazamiento a la base de Bétera no resuelve definitivamente el conflicto que genera este monumento, erigido a un dictador cuyo recuerdo "no debe estar presente en ningún espacio público".

Ayer, día festivo en la Comunitat Valenciana y jornada de cierre en los cuarteles militares, la actividad era mínima en la antigua Capitanía General, ahora cuartel general adscrito al Cuartel General de Alta Disponibilidad de la OTAN, con sede en Bétera. No obstante, al menos en Valencia había síntomas evidentes de que el traslado está completamente ultimado. En la calle Ximénez de Sandoval, en el lateral por el que debe salir la estatua con ayuda de una grúa, la Policía Local había prohibido aparcar entre las 11 de la noche de ayer y las 14 horas de hoy.Se calcula que a esa hora la estatua ya debe estar en su destino final, un almacén de la Unidad de Servicios de la Base de Bétera, donde permanecerá tapada con una tela hasta que haya una nueva decisión sobre su futuro, si es que algún día la hay.

Conflicto abierto

En círculos de la izquierda valenciana, de hecho, entienden que el destino debería ser otro. Aunque se ha logrado que no vaya al Museo Histórico Militar de Valencia, como quería el equipo de Gobierno del PP, hay quien piensa que la estatua debería desaparecer para siempre. "A mi personalmente no me parece bien que la lleven a Bétera. Deberían hacerla desaparecer, desmantelarla o fundirla", asegura Garcés, uno de los políticos que, en calidad de concejal de Cultura, vivieron en primera persona el complicado y accidentado traslado del 9 de septiembre de 1983.

Garcés recuerda que en aquella ocasión, el equipo de Pérez Casado "tuvo muchas complicaciones técnicas y políticas": técnicas porque "el camión de la Diputación no tenía fuerza para sacar la estatua ni algunos voluntarios, que tuvieron que actuar encapuchados, soportaron la presión y las agresiones"; y políticas porque "la extrema derecha, tan sólo dos años después del 23-F, estaba muy movilizada y contaba con el apoyo de Alianza Popular, que tenía acceso a la información por tener representación en el consistorio".

La presión del Ejército

Se enfrentaban, finalmente, a la resistencia de las Fuerzas Armadas, que "al contrario de lo que ocurre ahora, no habían asumido la normalidad democrática y opinaban de todo".

Precisamente, esa presión pudo ser uno de los factores que más pesaron en la decisión de trasladar la estatua a la Capitanía y no al Museo Militar. "No digo que fuera una concesión al Ejército, pero sí se escuchó su opinión", asegura Garcés, que entiende que este asunto debería haber quedado zanjado mucho antes. "Cuanto más tarde se hagan las cosas peor", dice el ex concejal, cuya opinión personal es que la estatua debería desaparecer para siempre.

http://www.levante-emv.com/valencia/2010/04/06/vicent-garces-fuera--estatua-dictador-fundiria/693786.html
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NOTA DE PRENSA DEL MINISTERIO DE DEFENSA DE ESPAÑA

EN APLICACIÓN DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

DEFENSA RETIRA LA ESTATUA DE FRANCO DE LA CAPITANÍA GENERAL DE VALENCIA

La estatua, propiedad del Ayuntamiento de Valencia, fue trasladada al acuartelamiento militar en 1983 hasta que el consistorio municipal definiera su ubicación definitiva

06.04.2010. El Ministerio de Defensa ha retirado la estatua ecuestre del general Francisco Franco del acuartelamiento de Santo Domingo, conocido como edificio de Capitanía General de Valencia, en el marco de las actuaciones previstas en aplicación de la Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

La estatua, propiedad del Ayuntamiento de Valencia, estuvo situada en la plaza del Ayuntamiento de la capital valenciana hasta 1983, cuando fue trasladada y depositada en custodia en uno de los patios de la Capitanía General de Valencia hasta que el consistorio municipal definiera su ubicación definitiva.

La retirada de la estatua, que ha sido trasladada a un almacén militar, responde a la aplicación del artículo 15 de la Ley 52/2007 sobre la presencia de símbolos del franquismo en espacios públicos. Dicho artículo establece que “las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.


03 d’abril 2010

MÁS ALLÁ DE GARZÓN

XIMO BOSCH*

Alguien escribió en forma aforística que los casos difíciles generan mal Derecho. La causa instruida por Garzón sobre la Guerra Civil y las posteriores querellas presentadas por supuesta prevaricación representan asuntos de cierta dificultad. Sin embargo, no parece que las resoluciones dictadas en ambos procedimientos presenten una mala calidad jurídica. Más bien dichas actuaciones han desencadenado una intensa polémica por la especial naturaleza de las mismas.

Al examinarse la labor de Garzón como instructor, resulta obligatorio entender la elevada complejidad del objeto de la investigación sobre la Guerra Civil.
No nos encontramos ante un pronunciamiento incruento como el que llevó a cabo el general Miguel Primo de Rivera, cuando en 1923 dio un golpe de Estado mediante un simple telegrama que remitió a Alfonso XIII.

Al contrario, el plan diseñado por Mola en julio de 1936, y continuado luego por Franco, buscaba derrocar un Gobierno constitucional mediante una amplia insurrección militar, así como usar el terror de forma planificada para exterminar a los adversarios ideológicos y de este modo atemorizar al resto de la población, con el fin de instaurar un nuevo orden político. Además, como señala Preston, el alcance de esta represión no tuvo equivalente en ningún país europeo por su extensión personal y su larga permanencia.

Al calificar penalmente estos hechos, partimos de un delito contra la forma de gobierno, que tuvo como consecuencia decenas de miles de asesinatos, torturas y lesiones. Y multitud de detenciones ilegales y desapariciones forzadas de personas que siguen enterradas en fosas comunes. Y, además, también otros sucesos penosos y poco conocidos, como los numerosos niños que fueron arrebatados a sus madres para ser entregados en adopción a familias del bando vencedor. La magnitud de esta terrible tragedia colectiva resulta difícil de describir. Por ello, la pluralidad de figuras delictivas concurrentes suscita enormes controversias sobre las normas aplicables, sobre los cómputos de la prescripción o sobre las reglas de competencia.

En relación con la causa contra Garzón, cualquier análisis de las resoluciones del magistrado instructor del Tribunal Supremo, Luciano Varela, debe implicar un reconocimiento de su trayectoria y de su acreditada valía profesional.

No obstante, existen importantes voces en la comunidad jurídica que han expresado sus discrepancias al considerar que se está optando de forma discutible por una lectura extensiva del delito de prevaricación. Desde esta perspectiva, Garzón se habría decantado por una alternativa jurídica legítima entre las varias posibles. En consecuencia, no resultaría acertado afirmar que Garzón sabía que no era competente, pues sus decisiones fueron compartidas por diversos magistrados de la Audiencia Nacional al emitir sus votos particulares. Y la misma tesis han sostenido varios jueces de instrucción que han intervenido en las actuaciones.

De hecho, somos cientos los magistrados de este país que habríamos actuado en conciencia del mismo modo en que lo hizo Garzón. Tampoco puede aceptarse que los hechos no pudieran investigarse a causa de la Ley de Amnistía de 1977, que se refiere sólo a delitos políticos, pues los tribunales internacionales han declarado reiteradamente la perseguibilidad en todo caso de los crímenes contra la humanidad y la falta de validez de las normas de punto final.

Más allá de la suerte de Garzón, en este debate están en juego concepciones esenciales del Estado de derecho. La consolidación de una doctrina expansiva sobre la prevaricación nos conduciría a una peligrosa restricción de la independencia judicial. Y a una visión jerarquizada y subordinada de la interpretación de las normas. Ello reduciría la potestad valorativa sobre los principios constitucionales y limitaría el desarrollo de la jurisprudencia, ante el riesgo de que las aportaciones innovadoras pudieran ser criminalizadas.

Por otro lado, en un plano muy distinto, no podemos ignorar una inquietante paradoja. A diferencia de lo que ocurrió en otros países con regímenes totalitarios, en España los autores de gravísimos delitos nunca se han enfrentado a un juicio ni han asumido sus responsabilidades penales. Sin embargo, es probable que quien se siente en el banquillo sea el único magistrado que ha investigado esos crímenes.

Resultaría perturbador que Garzón fuese excluido de la judicatura y finalizara su vida profesional impartiendo clases en universidades norteamericanas, argentinas o chilenas, como les ocurrió a Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Luis Cernuda y tantos otros de nuestros exiliados de la guerra.

Sin duda, ambas situaciones no serían literalmente comparables. Y los juristas siempre podríamos explicar lo sucedido con abundantes tecnicismos. Pero, ciertamente, no creo que gran parte de nuestra sociedad pudiera conseguir entenderlo.

*Ximo Bosch, es magistrado de Valencia y portavoz territorial de Jueces para la Democracia (JpD). EL PAÍS - Opinión - 02-04-2010

02 d’abril 2010

SOBRE CANAL 9

NACE LA PLATAFORMA PARA DENUNCIAR PÚBLICA Y JUDICIALMENTE LO QUE PASA EN CANAL 9

Así lo ha explicado en rueda de prensa el portavoz de la plataforma, Alfonso Puncel, quien ha comparecido acompañado por el ex director del MuVIM Román de la Calle, quien será el encargado de leer el manifiesto al final de la concentración que se ha convocado para el próximo 17 de abril.

Los miembros de UGT, CCOO, Intersindical y CGT en el comité de empresa de RTVV, así como otros representantes sindicales y de algunas entidades que apoyan la movilización también han estado presentes, junto con la catedrática de la Universitat de València Isabel Morán, quien impulsó una plataforma similar hace unos años.

"La Plataforma quiere tener continuidad y estar presente y ser parte activa en la denuncia pública y judicial, si es necesario, del uso indebido de los fondos públicos que hacen los gestores de RTVV", ha explicado su portavoz.

Puncel ha afirmado que el "nivel de manipulación informativa" que existe en la televisión autonómica valenciana supone un "insulto a la inteligencia que no se puede entender", por lo que, ha explicado, esta plataforma lo que pretende es dar voz a aquellas organizaciones y entidades que son "invisibles" para Canal 9.

"Las cosas han de cambiar y se tiene que cumplir la ley", ha afirmado y en este sentido ha sostenido en la necesidad de que se cree el Consejo Asesor que contempla la ley de Creación de RTVV, y en el que debe de tener presencia la sociedad civil, ya que "la impunidad del PP no se puede mantener".

Román de la Calle, por su parte, ha afirmado que lo que se pide desde esta plataforma no es "nada extraordinario", ya que se está exigiendo "pluralidad y transparencia" y ha advertido de que "cuando lo normal parece anormal y lo anormal normal, es que algo grave está pasando".
El ex director del MuVIM, que dejó su cargo después de que la Diputación de Valencia retirara unas fotografías de una exposición de fotoperiodismo, ha pedido que no haya "ruptura entre lo que la gente ve por la ventana y lo que se ve en la pantalla de la televisión cuando pone Canal 9"

La catedrática Isabel Morán ha celebrado que crezcan los movimientos contra lo que ocurre en RTVV, ya que no puede continuar "la manipulación" o que en un momento de crisis económica, como el actual, nadie sepa "lo que cuesta" la televisión pública o que no se utilice "como es debido" el personal de plantilla que tiene el ente, recurriéndose a subcontratas.

"Nos merecemos otra política diferente", ha afirmado Morán, quien ha instado al PP a llegar a un pacto con la sociedad civil para "lograr una televisión pública plural", y ha advertido de que si no es así la Comunitat Valenciana contará con la "peor" televisión autonómica.
EFE. 30-03-2010