22 de novembre 2010

ACUERDOS COORDINADORA IS-PSOE

ACUERDOS DE LA COORDINADORA FEDERAL DE LA CORRIENTE
IZQUIERDA SOCIALISTA DEL PSOE


La Coordinadora Federal de la corriente de opinión Izquierda Socialista del PSOE, tras la reunión celebrada en Madrid el pasado 19 de noviembre, considera necesario elevar a los órganos de dirección del Partido, compartir con el conjunto de su militancia y dar a conocer a la opinión pública, las siguientes conclusiones de sus debates:

1. Dada la deriva de una crisis económica que cada vez se ceba más sobre los trabajadores, consideramos necesario reforzar las medidas puestas en marcha por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para luchar contra el paro, potenciar las políticas activas de empleo y activar la nueva agenda social. Los trabajadores y ciudadanos de a pie no son los que tienen que pagar una crisis de la que no son responsables.

2. Tras la huelga general del 29 S es cada vez más urgente recuperar el diálogo social, para lo cual estimamos imprescindible que el Partido contribuya en todo lo que esté en su mano para aproximar posiciones entre el gobierno y los sindicatos UGT y CCOO, especialmente ante la reforma de la negociación colectiva, pieza fundamental para la regulación de las relaciones laborales en nuestro país.

3. Ante la reforma del sistema público de pensiones, desde Izquierda Socialista también insistimos en la insoslayable responsabilidad para acometerla en el marco del Pacto de Toledo y para que se lleve a cabo sin agresiones a los trabajadores como la que supondría elevar la edad de jubilación a los 67 años como norma obligatoria y universal. Hay otras vías para asegurar el futuro del sistema de pensiones, incluyendo entre ellas los incentivos para prolongar voluntariamente el período laboral.

4. Comprobada la parálisis para reformar y regular seriamente el sistema financiero internacional urgimos al Partido y a nuestro gobierno para que retomen con la mayor eficacia posible las propuestas en torno a establecer una tasa sobre las transacciones financieras y sobre erradicación efectiva de los paraísos fiscales. Hay que poner en marcha una profunda reforma fiscal y crear un sistema financiero que esté al servicio de la sociedad y de la economía productiva. Hay que cambiar el modo de funcionamiento del Banco Central Europeo.

5. En lo relativo a la reforma energética insistimos en la necesidad de avanzar en la generación y uso de energías renovables y en el reforzamiento de la opción antinuclear. Hay que ir a la creación de un nuevo modelo productivo ambiental y socialmente sostenible.

6. Los acontecimientos vividos recientemente en El Aaiún, marcados por la brutal política represiva aplicada por el gobierno de Marruecos contra el pueblo saharaui, reclaman una acción decidida de nuestro gobierno para exigir el esclarecimiento de los hechos, el respeto a los derechos humanos y medidas efectivas encaminadas a la realización del referéndum para la autodeterminación del Sáhara en conformidad con las resoluciones de la ONU. Condenamos la agresión marroquí al pueblo saharaui y planteamos que el Partido y el Gobierno así lo hagan, exigiendo a Marruecos una colaboración activa en el marco de la ONU para la justa resolución del conflicto.

7. La profundización en la democracia promovida por el PSOE e impulsada desde el gobierno durante estas dos legislaturas no debe quedar bloqueada ante la necesidad de avanzar hacia una consecuente laicidad del Estado, algo de todo punto necesario para una convivencia sin discriminaciones en el seno de la plural sociedad española. Suscribimos por ello la necesidad de contar cuanto antes con una nueva ley de libertad religiosa y de conciencia, la cual no debe quedar excluida de la agenda legislativa propuesta por el gobierno.

8. Tras los procesos de elección de candidatos para alcaldías de grandes ciudades y presidencias de CCAA constatamos la necesidad de reforzar y clarificar estatutariamente el mecanismo de primarias como pieza importante de democracia interna. Solicitamos a los órganos del Partido competentes en cada caso que los conflictos que en algunos casos se han planteado a raíz de elecciones primarias se aborden con buen sentido y altura de miras, respetando los derechos de todos los militantes y haciendo posible la mejor articulación de la legítima pluralidad interna en el seno del PSOE. En este sentido, manifestamos nuestro desacuerdo con la decisión de la Ejecutiva Federal del PSOE de disolver las Ejecutivas insular de Tenerife y local de Sta. Cruz de Tenerife, considerándola injustificada y contraria al objetivo de restablecer la normalidad democrática del partido en Canarias. Pedimos el archivo del expediente abierto y el restablecimiento de las Agrupaciones con sus direcciones legítimamente elegidas.

9. Ante la inminencia de las elecciones para el Parlamento de Cataluña queremos hacer explícito nuestro apoyo a las compañeras y compañeros del PSC, subrayando a la vez el gran valor de su contribución para avanzar con criterios federalistas y de izquierda hacia una mejor articulación de la España plural.

10. Insistimos en modificar el proyecto de ley que regula el voto de los emigrantes y que les niega el voto en las elecciones municipales y establece el voto rogado en las elecciones autonómicas y nacionales.

11. En momentos difíciles como los actuales, de grave crisis económica y compleja situación política, sumamos nuestra voz a la de quienes en el Partido insisten en la imperiosa necesidad de recuperar un discurso socialista consistente que, avalado por los hechos, nos permita reconocernos y ser reconocidos como la fuerza políticas de izquierdas en la que los trabajadores y los sectores progresistas de la sociedad española pueden seguir confiando. Hemos de hacer posible una política donde los valores de izquierda primen ante las posiciones coyunturales y de teórica rentabilidad inmediata.


COORDINADORA FEDERAL DE IS-PSOEMadrid, 22 de noviembre de 2010

20 de novembre 2010

TREINTA Y CINCO AÑOS SIN FRANCO

Julian Casanova*

A las diez de la mañana del 20 de noviembre de 1975, unas horas después de que se anunciara oficialmente su muerte, Carlos Arias Navarro leyó en público el testamento político de Francisco Franco, un "hijo fiel de la Iglesia" que solo había tenido por enemigos a "aquellos que lo fueron de España".

El domingo 23, en el funeral de Estado, Marcelo González Martín, cardenal primado de España y arzobispo de Toledo, recordó el deber de conservar "la civilización cristiana, a la que quiso servir Franco, y sin la cual la libertad es una quimera". Esa misma tarde, una losa de granito de 1.500 kilos cubrió la fosa abierta para el caudillo en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, junto a la tumba de José Antonio Primo de Rivera. Bendecido por la Iglesia católica, sacralizado, rodeado de una aureola heroico-mesiánica que le equiparaba a los santos más grandes de la historia. Así murió Franco.

Su legado y el de la larga dictadura que presidió no es fácil resumirlo y es objeto de debate entre historiadores y de encontradas opiniones entre la ciudadanía.

Franco buscó y consiguió la aniquilación de sus enemigos que, si eran solo los de España, fueron en verdad muchos. Gobernó con el terror y la represión, pero también tuvo un importante apoyo social, muy activo por parte de las numerosas personas que se beneficiaron de su victoria en la Guerra Civil y más pasivo de quienes cayeron en la apatía por el miedo o de quienes le agradecieron la mejora del nivel de vida durante sus últimos 15 años en el poder.

Cuando murió, su dictadura se desmoronaba. La desbandada de los llamados reformistas o "aperturistas" en busca de una nueva identidad política era ya general. Muchos franquistas de siempre, poderosos o no, se convirtieron de la noche a la mañana en demócratas de toda la vida.
La mayoría de las encuestas realizadas en los últimos años de la dictadura mostraban un creciente apoyo a la democracia, aunque nada iba a ser fácil después de la dosis de autoritarismo que había impregnado la sociedad española durante tanto tiempo.

Tras una compleja Transición, sembrada de conflictos y de obstáculos, la democracia cambió el lugar de España en Europa, con su total integración en ella, uno de los sueños de las élites intelectuales españolas desde finales del siglo XIX.

El reto de los españoles del siglo XXI ya no consiste en crear una democracia plena con igualdad de derechos y libertades, caballo de batalla, a veces sangriento, de algunas de las generaciones que nos precedieron, sino en seguir cambiando para mejorarla y reforzar la sociedad civil y la participación ciudadana.

Treinta y cinco años después de la muerte del último dictador de nuestra historia, la sociedad española ha podido dejar atrás algunos de los problemas fundamentales que más le habían preocupado en el pasado. Pero desde su tumba, Franco parece mostrar todavía el camino a seguir en otros no menos importantes.

El Valle de los Caídos fue suyo en vida y continúa siéndolo tras su muerte, incapaces los Gobiernos democráticos de establecer una política coherente de gestión pública de esa historia. Las miradas libres a ese pasado traumático y la reparación política, jurídica y moral de las víctimas de la violencia franquista generan el rechazo y el bloqueo de poderosos grupos bien afincados en la judicatura, en la política y en los medios de comunicación.

Y la jerarquía de la Iglesia católica, que ha logrado preservar con creces en la democracia la privilegiada situación que el franquismo le donó, protege con uñas y dientes sus finanzas y sus derechos adquiridos en la educación y discute, con el apoyo enérgico del Vaticano, cada palmo de territorio que el Estado quiere conquistar en el orden moral. Treinta y cinco años sin Franco y no tenemos una ley de libertad religiosa adaptada a la actual sociedad democrática plural y culturalmente diversa.

Asentada la democracia, debemos recordar el pasado para aprender. Miles de familias están esperando que el Estado ponga los medios para recuperar a sus seres queridos, asesinados, escondidos debajo de la tierra, sin juicios ni pruebas, para que no quedara ni rastro de ellos. Es necesario dar a conocer la relación de víctimas de la violencia franquista durante la guerra y la posguerra, ofrecer la información sobre el lugar en el que fueron ejecutadas y las fosas en las que fueron enterradas.

Y frente a esas historias todavía por descubrir, no puede dejarse de lado, abandonar o destruir, la memoria de los vencedores. Sus lugares de memoria son la mejor prueba del peso real que la unión entre la religión y el patriotismo tuvo en la dictadura.

No es posible renunciar al objetivo de saber, a que coexistan memorias y tradiciones diferentes. Pero para eso, antes, hay que remover los obstáculos que impiden rescatar de las cunetas y de las fosas perdidas a las víctimas de tanta tortura y asesinato. Treinta y cinco años después de la muerte de su principal responsable.

*Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza

19/11/2010. El Pais.

18 de novembre 2010

SÁHARA: IMPUNIDAD Y TRAGEDIA

José Antonio Pérez Tapias


Las noticias han traspasado las tinieblas de la desinformación. A pesar de las expulsiones de periodistas, el mundo conoce la violencia, destrucción y muerte desatadas por la policía marroquí sobre el campamento en las proximidades de El Aaiún donde miles de activistas saharauis reivindicaban sus derechos. Tales actuaciones han evidenciado por dónde lleva el reino alauita la cuestión del Sáhara. Ellas se inscriben en la secuencia de medidas que desde hace décadas vienen aplicándose con la impunidad que a tal efecto goza nuestro vecino del norte de África.

De impunidad se trata cuando se ocupa un territorio sin la suficiente legitimidad, cuando se desprecian resoluciones de la ONU a favor de la población autóctona, cuando se construye un muro de 2700 km minando sus alrededores, cuando se colonizan ciudades alterando los censos para el referendum de autodeterminación conforme al derecho internacional, cuando se firma la paz con la resistencia armada de ese pueblo –Frente Polisario- y no se cumple lo acordado, cuando se ofrece un plan de autonomía dentro del propio Estado sin avances democráticos que lo hagan creíble, y cuando se quebrantan derechos de quienes aspiran a ser ciudadanos, sucediendo todo ello sin que comporte condena o sanción alguna.

La cosa arranca de 1975, con la Marcha Verde que movilizó a 300.000 personas desde la cúpula del Estado marroquí para anexionarse el Sáhara Occidental, chantajeando a una débil metrópoli colonial en momentos cruciales de una dictadura tan moribunda como su dictador. Pero contaba con las bendiciones de EEUU y no faltaron padrinos como Francia. Sumida en la impotencia ante el estado de cosas resultante, España no ha dejado atrás la mala conciencia respecto a tan nefasto proceso de descolonización, la cual, aunque encauzada a través del humanitarismo, no la ha impulsado a un papel más definido a favor de una salida al conflicto del Sáhara.

Ahora, ante lo ocurrido en El Aaiún, nuestro gobierno se remite al Consejo de Seguridad de la ONU, solicita más información a Marruecos -¿qué hacer con su cinismo al decir que se desmantela el mencionado campamento para librar a los saharauis de delincuentes?- e intenta salvar, por mor de los intereses españoles, las relaciones de vecindad. La opinión pública percibe que no es suficiente. Y, además, ¿sacrificando derechos? Ni siquiera esos intereses se verán protegidos en una situación en la que se conculquen los derechos de los saharauis –y se vean desmentidas las expectativas democráticas para Marruecos-. ¿Hasta cuándo un statu quo en que lo necesario –diálogo, respeto a derechos humanos, referendum de autodeterminación- es imposible? Ésa es la tragedia del pueblo saharaui. De ella somos responsables, aun no siendo culpables de todo lo que la ha alimentado.

(Publicado en el diario Granada Hoy el 18 de noviembre de 2010)

13 de novembre 2010

SAHARA

La policía de Marruecos ha incitado hoy martes 9-11-2010 a colonos marroquíes en El Aaiún a "allanar, saquear y destruir" viviendas saharauis y golpear a sus habitantes, ha informado el Ministerio de Territorios Ocupados de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), el ejército marroquí ha tomado las calles de El Aaiun y han incitado a "supuestos colonos" marroquíes para que se adentren en los conocidos barrios de población mayoritariamente saharaui. Se ha advertido la posibilidad de que la represión marroquí se extienda a otras ciudades saharauis. Lunes, 8 noviembre de 2010. El ejército ha tomado las calles de la ciudad de El Aaiun. La avenida Smara hacia el este y la calle TanTan, está controlada por los militares a pesar de que aún quedan focos de resistencia de la Intifada.

El 10 de diciembre de 1975, Naciones Unidas, siguiendo el mandato de otras resoluciones anteriores, declaraba el derecho inquebrantable del pueblo saharaui a la libre determinación, manifestando su “preocupación por ver aplicado este principio a los habitantes del Territorio del Sahara Español en un marco que les garantice y permita la libre y auténtica expresión de su voluntad, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas”. Además, en dicha resolución, el organismo internacional reafirmaba la responsabilidad de la hasta entonces Potencia administradora, España, y “de las Naciones Unidas respecto a la descolonización del Territorio y a la garantía de la libre expresión de los deseos del pueblo del Sahara Español.

En el último informe elaborado por Naciones Unidas en 2010, el Delegado de la MINURSO, informaba que había recibidos muchas quejas del Frente POLISARIO y de ciudadanos particulares saharauis sobre violaciones de los derechos humanos fundamentales por parte de la policía y el ejército marroquí, España no fue la responsable de la situación del Sahara, lo fueron las potencias del momento encabezadas por Estados Unidos, pero evidentemente tiene una deuda enorme con los habitantes de ese trozo de África que administró durante un siglo. Como hemos dicho otras veces, no son Venezuela ni Cuba los problemas de España en estos momentos, nuestro mayor problema internacional es Marruecos y habrá que encararlo de una vez por todas desde ya.

El ataque marroquí a los campos de refugiados de El Aiun, la constante violación de los derechos humanos vitales del pueblo saharaui no permite esperar ni un día más.

José María Domínguez. ES-Benicarló
http://vida-tiempo.blogspot.com/

10 de novembre 2010

POBRE SAHARA

JA N´HI HA PROU D´HIPOCRESIA

Salvador Pallarès*

Senyora Trinidad Jiménez, senyor Zetapé, ja n´hi ha prou d´hipocresia. Cada vegada que hi ha un problema en el Sàhara vostés ixen amb la cançoneta de sempre: «És un tema que s´ha d´arreglar en el marc de l´ONU. Les parts han de seure a parlar». Però vostés saben el que estan dient? Les Nacions Unides, des de 1966 que han estat emetent resolucions en què insten Espanya, la potència colonitzadora, a engegar un procés de descolonització del territori del Sàhara Occidental. Per què no ho fan? Les Nacions Unides consideren que la potència administradora del territori és Espanya. No reconeixen el Marroc com a potència al territori. Els Acords Tripartits de Madrid són nuls de dret, ja que: Espanya com a potència colonial no era propietària del territori, no podia cedir-lo. Aquells acords són un tractat clandestí, no van ser publicats al BOE, ni van passar per les Corts espanyoles. I han estat incomplerts pel Marroc, des de l´any 1979, quan va ocupar la part que corresponia a Mauritània.

Les Nacions Unides prohibeixen que es comercialitze amb les riqueses naturals d´un territori no autònom, com és el Sàhara. Però el seu govern ha pressionat perquè la UE signe tractats de pesca (que inclouen les aigües sahrauís) amb el Marroc. El seu govern permet que empreses espanyoles facen extraccions d´arena del Sàhara. El seu govern permet que es facen negocis amb els fosfats de Bu Craa (Sàhara Occidental).

Les Nacions Unides prohibeixen la venda d´armament a països que es troben en zones de conflicte, com és el cas. I el seu govern ha venut armes al Marroc (amb la clàusula, cínica, que no siga usat en la part nord del país, és a dir, perquè siga usat al sud: contra els sahrauís). El seu govern no fa res per aturar, ni per criticar, les violacions dels drets humans que comet el govern del Marroc. Per contra, vostés acusen els activistes espanyols de violar les lleis marroquines. Però si les lleis marroquines no hi tenen dret!

El seu govern s´autoproclama ser el que més ha fet per ajudar els refugiats sahrauís de Tinduf. Però, senyor ZP, els saharauís no volen ajuda caritativa, volen poder tornar a la terra dels seus avantpassats, d´on van ser expulsats amb el consentiment, i la col•laboració de l´Espanya de l´època. Diuen que el marc de les Nacions Unides és el vàlid; però es neguen a concedir, a la representació sahrauí, el caràcter que té davant l´ONU. Es dóna la circumstància que, mentre a l´ONU (i, fins i tot, davant dels negociadors marroquins) els representants sahrauís tenen estatus diplomàtic, vostés els consideren com els representants d´una organització política, i prou.

El conflicte del Sàhara només se solucionarà quan un govern espanyol assumisca que ha de tancar el procés de descolonització pendent. Tal i com va fer Portugal amb Timor Oriental. La responsabilitat de la sort dels sahrauís és a les seues mans!

*Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí de la Comunitat Valenciana
http://www.levante-emv.com/opinion/2010/11/10/ja-nhi-prou-dhipocresia/755448.html

05 de novembre 2010

FUERON ASESINADOS CON INMENSO SADISMO

EL INFORME FORENSE DESVELA QUE LOS REPRESALIADOS DEL FRANQUISMO "FUERON ASESINADOS CON INMENSO SADISMO"

Los 17 cráneos exhumados de las fosas de Benagéber y Albalat presentan tiros de gracia

Los 17 cuerpos exhumados de las dos primeras fosas comunes del franquismo que se excavan en la Comunitat Valenciana han sido identificados por completo por el equipo de arqueólogos y forenses del grupo Paleolab que dirige Manuel Polo. Estas 17 víctimas desenterradas de los cementerios de Benagéber y Albalat dels Tarongers murieron en sendas operaciones de castigo de la Guardia Civil contra la guerrilla en 1947.

Las asociaciones que han ayudado a las familias, La Gavilla Verde y el Grup per la Memòria Històrica de la Fundació Societat i Progrés, así como el forense que ha dirigido las exhumaciones, Manuel Polo, presentarán el informe arqueológico y forense de la intervención el próximo lunes a las 19.30 horas en el Aula Magna de la Universitat de València.

Un documento que, según Matías Alonso, del Grup per la Memòria, es demoledor "porque prueba que estas personas fueron asesinadas con un inmenso sadismo". "Ante este informe va a ser difícil que haya algún juez que diga que en ambos casos no hay un delito", criticó Alonso, que lamentó que los juzgados de Llíria y Sagunt "se han inhibido hasta en dos ocasiones tras el hallazgo de los cuerpos".

Un esqueleto tiene hasta 30 tiros

Miguel Garrido, que tenía cuatro años cuando mataron a su padre en Benagéber, avanzó que el informe forense desvela que los 17 cráneos "tienen orificios de tiros de gracia", lo cual desmiente la historia oficial sobre la muerte de estos represaliados, que dice que a todos se les aplicó la Ley de Fugas y fueron abatidos cuando trataban de huir. Explica que se ha podido detectar en muchos de los restos señales "de tiros hechos a bocajarro con pistola en piernas y brazos, cuyo fin era provocar una muerte lenta". "En uno de los ocho de Benagéber se han podido hallar hasta 30 disparos, lo que indica que fue un asesinato brutal", añadió.

Garrido agradece a La Gavilla, al Grup per la Memòria, y a Paleolab que hayan ayudado a las familias a "cerrar esta herida", mientras critica que "la gente que está en el poder en la C. Valenciana no nos ha hecho ningún favor a las víctimas".

Respecto a los restos del guerrillero Manuel Torres, El Practicante, cuya familia se ha opuesto a que se excavara la fosa de Benagéber, Alonso añade que se hará "lo que digan sus familiares". Así, El Practicante, junto otras cinco víctimas que las familias desean que permanezcan en el mismo lugar o no se ha podido localizar a sus descendientes, serán reinhumados en cajas individuales. En Albalat, donde los restos yacían en una fosa sin señalizar, "se ha comprado un nicho para depositar en cajas los seis restos que nadie ha reclamado por si en un futuro aparecen sus familias".

La entrega de restos a las familias será el 20-N

Los restos debidamente identificados se devolverán a los familiares que los reclaman para que les den un entierro digno. La entrega se hará en sendas ceremonias que se celebrarán el 20 de noviembre en Benagéber, acto al que asistirá el ex fiscal general del Estado Carlos Jiménez Villarejo, y el día 27 en Albalat. Sobre la coincidencia del primera de las restituciones con el 35 aniversario de la muerte de Franco, Alonso asegura "que no tiene ninguna connotación política, sino que se ha elegido este día porque es el que pueden acudir todas las familias, pues algunas de ellas residen en Barcelona y Teruel"


RAFEL MONTANER. Levante-EMV. VALENCIA. 05-10-2010

01 de novembre 2010

REINO DE LA IMPUNIDAD

Las irregularidades contables del Partido Popular
El PP convierte la Comunidad Valenciana en 'reino' de la impunidad
A diferencia de Madrid, los cargos valencianos no dimiten pese a las imputaciones

Un año de suspensión rebajado a 10 meses. Esa ha sido toda la factura política que, de momento, ha pagado el PP por los casos de corrupción destapados en la Comunidad Valenciana . La lista de implicados incluye al presidente de la Generalitat y los presidentes de las Diputaciones de Castellón y Alicante, todos ellos imputados, a seis consejeros vinculados en una u otra medida, además de cerca de una docena de alcaldes o ex alcaldes que han sido también imputados por el juez o acusados por la fiscalía. Y ni una sola dimisión.

El caso Gürtel se llevó por delante a nueve altos cargos, además de otros intermedios, en la Comunidad de Madrid. Cuatro alcaldes, un diputado nacional, dos autonómicos, un consejero de la presidenta Esperanza Aguirre y un senador dejaron sus puestos. Todos sus nombres están incluidos en las diligencias de una investigación que destapó una importante trama corrupta encabezada por Francisco Correa y vinculada a distintos Gobiernos del PP.

De la misma manera que aparecieron los nombres de los cargos madrileños, se escribieron los de los cargos del PP valenciano. Protagonizaron significativas conversaciones telefónicas y, en algunos casos, fueron señalados por los jueces como presuntos autores de algunos de los delitos más graves que puede cometer un cargo público. Pero no pasó nada. Ni una dimisión.

Una cacareada suspensión de militancia al entonces secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, fue la única señal de una inexistente reacción, ya que solo afectó a uno de los entonces 20 dirigentes salpicados por la corrupción.

Para entonces, la senda ya estaba marcada por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que lleva casi siete años imputado. El código ético del PP cayó en desuso y la imputación dejó de ser motivo de expulsión del partido. Ni siquiera una sentencia contraria es un tope a la vida política en el PP. "La sentencia no es firme hasta el último estado", dijo Fabra, en referencia al Tribunal Europeo de Estrasburgo que, como ha dicho en alguna ocasión, es al que recurrirá en el caso de que la justicia española lo considere culpable.

Desde el inicio del caso Fabra se han celebrado cinco procesos electorales y, uno detrás de otro, Carlos Fabra ha mantenido su mayoría. Con ese valor, el presidente de la Diputación de Castellón ha exigido, y conseguido, el apoyo de la dirección del PP valenciano y, por extensión, el del PP nacional, con Mariano Rajoy a la cabeza. Ese mismo valor ha sido el exhibido por Camps en Valencia y Joaquín Ripoll en Alicante ante la dirección nacional, que no se ha atrevido a imponer otras conductas éticas o, al menos, estéticas, ante la ostentación de unas encuestas que vaticinan que el PP revalidará su victoria en la Comunidad Valenciana.

La explicación a esta falta de reacción social puede encontrarse en la catedrática de Ética, Adela Cortina, que considera que uno de los defectos característicos de la sociedad valenciana es el "meninfotisme", traducible como "pasotismo" que, en cualquier caso, explica como defecto, "porque somos poco beligerantes", y virtud, "porque llevamos la tolerancia metida en los huesos". La cuestión es que en la sociedad valenciana no cala la idea de que la corrupción no tiene porqué ser parte de la política.

Al margen del amparo de las encuestas, los cargos del PP implicados en casos de corrupción han pasado a empuñar, públicamente, un mismo arma de defensa, que no es otra que el ataque a policía, investigadores, incluso fiscales, señalándolos como brazos ejecutores de una supuesta estrategia socialista. Y con esta argumentación despliegan un mismo discurso en el que hablan de "campañas orquestadas" y de la presunción de inocencia, sin diferenciar la responsabilidad judicial con la política.

Las consecuencias del destapado caso Brugal en Alicante también han evidenciado el afianzamiento de la impunidad entre los cargos del PP. "¿Por qué algunos de los integrantes socialistas implicados en el caso Brugal renuncian a sus cargos con tan poco avance procesal?", se preguntó extrañado el vicesecretario de Comunicación del PP, el valenciano Esteban González Pons. "Es que nosotros no somos unos sinvergüenzas", le contestó el secretario de los socialistas valencianos, Jorge Alarte.

El caso es que la Comunidad Valenciana ocupaba, hace años, un lugar en el mapa de autonomías señaladas por la modernidad. Actualmente, ni los grandes eventos programados por el Gobierno valenciano, colapsado por su deuda y su necesidad de tapar las continuas noticias relativas a la corrupción, logran que la percepción que el resto del país tiene de la Comunidad Valenciana sea otra que la de una autonomía claramente marcada por los escándalos políticos.

Los décimos de lotería premiados de Carlos Fabra; el "amiguito del alma" con el que Camps se dirigía a El Bigotes, implicado en una trama con la que todo el mundo aprendió cómo se dice correa en alemán; viajes en yate con empresarios alicantinos que luego resultaron adjudicatarios de concursos públicos; y fundaciones que gastan el dinero en pisos en lugar de hacerlo en cooperación internacional son algunos de los méritos de los cargos del PP, que siguen cobrando sueldos públicos, por los que la Comunidad Valenciana se ha convertido en capital de la impunidad política.

MARÍA FABRA - El Pais. Valencia - 01/11/2010